Redacción. José María Villalta, diputado del Frente Amplio y otros congresistas de varias fracciones legislativas presentaron una ley para sancionar y remover de su cargo a diputados (as) que violen el deber de probidad, bajo el expediente 21.515.
Este proyecto busca cumplir el mandato establecido en la reforma constitucional al artículo 112 de la Carta Magna que aprobó la Asamblea Legislativa el año pasado para que cese la impunidad de diputados y diputadas que cometan faltas éticas graves.
Actualmente, no existe un mecanismo disciplinario para establecer las sanciones.
“Desde que se aprobó el año pasado la reforma constitucional, la Asamblea ha estado en mora en la creación de este régimen disciplinario. Con esta propuesta pretendemos dar una solución definitiva a este tema. Es una propuesta que establece un régimen de responsabilidad a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones como autoridad independiente que realizará un debido proceso cuando se presente una denuncia. Cualquier persona puede denunciar, pero la Contraloría y la Procuraduría en el ámbito de sus competencias tienen obligación de investigar estos casos y denunciarlos ante el TSE”, señaló el diputado Villalta.
Se establecen distintos tipos de faltas según la gravedad y sanciones graduales.
En el caso de faltas leves y graves, las sanciones contempladas son la pérdida de dietas (las remuneraciones que recibe cada diputada y diputado) por entre una semana y tres meses.
Solamente en el caso de sanciones muy graves se aplicaría la sanción máxima de pérdida de credenciales.
Estas últimas faltas incluyen aquellas donde se aproveche el cargo para obtener un beneficio propio o para terceros, tales como recibir sobornos; ejercer presiones indebidas sobre otras personas funcionarias públicas, aprovecharse de información privilegiada o confidencial para obtener beneficios económicos, entre otras.
