- Sindicatos y jerarcas discutieron estado de situación de los acuerdos suscritos el 20 de febrero pasado
Redacción – Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) afirman que buscan una solución que permita mantener la paz laboral de la cual depende la institución para su desempeño.
Román Macaya, presidente de la CCSS, hizo estas manifestaciones tras concluir una reunión con representantes sindicales, con el propósito de discutir el estado de situación de los acuerdos suscritos el 20 de febrero pasado entre las partes.
El jerarca recordó que suscribieron un documento, en el cual se coincidió en la interpretación sobre el bloque de legalidad que había, en ese ese momento, relacionado con la aplicación de Ley 9635 o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su reglamento.
Además, especificó que más tarde surgió un nuevo decreto que afectó dos de los 10 puntos establecidos en el acuerdo suscrito en febrero en lo que se refiere especialmente, al pago de anualidades y pluses salariales.
Decisión de Junta Directiva
Unos de los avances obtenidos tras el acuerdo suscrito en febrero, de acuerdo con Macayas, fue la decisión que adoptó la Junta Directiva de tomar las medidas necesarias para hacer valer la autonomía constitucional en materia de política y gobierno de los seguros sociales, dado que -conforme a lo ya resuelto por la Sala Constitucional en otra oportunidad- la regla fiscal no debe aplicarse a la institución.
Según autoridades institucionales, la aplicación de la regla fiscal a la institución afectaría su capacidad de prestar los servicios de salud con los cuales se materializa en la práctica el derecho constitucional a la salud.
Esta decisión se respalda en un criterio de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República en esta materia, las cuales, exceptúan a la Institución de la responsabilidad fiscal y en los recursos dispuestos para los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del No Contributivo (RNC).
LEA TAMBIÉN: Trabajadores municipales, del ICE y estudiantes a huelga tras llamado de ANEP
La decisión tiene como fin primordial garantizar el derecho constitucional a la salud de todos los costarricenses con calidad y oportunidad, por lo que, una eventual limitación del presupuesto institucional ante la restricción financiera solicitada por el Ministerio de Hacienda, podría poner en serio riesgo la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura de gran trascendencia para la población costarricense, externó el presidente ejecutivo.
«Si estuviéramos limitados en nuestro presupuesto no podríamos mejorar la infraestructura hospitalaria y de salud del país, en general, y modernizar el equipo y la infraestructura como se lo merecen los costarricenses», dijo Macaya.
El jerarca asegura que la aplicación de esta regla fiscal también podría afectar de forma directa las necesidades en equipamiento y medicamentos, las acciones para disminuir los tiempos de atención y el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y terapéutica en la prestación de los servicios de salud.
«Si estuviéramos sujetos a la regla fiscal nos veríamos impactados seriamente en nuestra capacidad para atender las necesidades de salud la población y ni se diga de las pensiones en una población igualmente demandante de los servicios por su envejecimiento», comentó.
El doctor enfatizó que la CCSS está en obligada a garantizar el presupuesto a todos los establecimientos de salud y financieros del país con el objetivo de garantizar la operación actual y el fortalecimiento continuo de los servicios para dar sostenibilidad a la salud como derecho constitucional.
