- Solicitan intervención de Contraloría, Procuraduría y Diputados para que apliquen sanciones a quienes reciban rubros salariales fuera de la ley.
Redacción- Los empresarios de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) se unieron también al rechazo generalizado al reciente acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Para Maurizio Musmanni, presidente de CACIA, “lo actuado por jerarcas de gobierno no solamente es contrario a lo establecido en la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sino que representa una bofetada a todos los ciudadanos y empresas, que por dicha ley están pagando mucho más impuestos por concepto de IVA y renta, confiando en que también había un compromiso país, especialmente del Gobierno de la República, por eliminar privilegios y abusos salariales defendidos por los sindicatos”.
Ese compromiso legal, institucional y político ha sido violentado de una manera irregular y decepcionante por parte del Gobierno, acotó Musmanni.
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Agregó que las señales que envía el ejecutivo son nefastas frente al urgente ambiente de confianza y credibilidad en las políticas públicas, que actualmente requiere la economía para su reactivación.
Con esta actuación, el gobierno aceleró el debilitamiento de la seguridad jurídica, básica para que una economía funcione, puesto que queda claro, que los intereses de cualquier grupo pequeño de ciudadanos, puede volverse supremo e insuperable, incluso por encima de la ley y la Constitución Política, con el uso de la fuerza y la violencia, propia de las tácticas del bloqueo, la paralización de servicios o el chantaje político mediante la amenaza a la salud y el bienestar de pacientes y enfermos que recurren a la CCSS.
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Lo más preocupante es que dicha actuación empodera a los grupos que utilizan la anarquía, como medio para evitar las reformas que el país urge y se promueve así un efecto dominó, para que funcionarios disconformes negocien excepciones a la regla fiscal mediante esta vía.
CACIA solicita a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República y a los Diputados de la Asamblea Legislativa, su intervención inmediata para que la institucionalidad y el respeto a la ley, sea lo que impere en el país.
