Redacción. La huelga que se extendió por más de ocho días y afectó a miles de asegurados, llegó a su fin la tarde de ese lunes.
Tras horas de discusión, propuestas y contrapuestas se suscribió un acuerdo entre autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Poder Ejecutivo y representantes de diferentes agrupaciones sindicales.
«El doctor Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, celebró este acuerdo, toda vez que normaliza los servicios que ofrece la institución en todos los rincones del territorio nacional para el bien de la población a la que diariamente se le brinda consultas, procedimientos y se le realizan intervenciones quirúrgicas. Se trata, dijo, de una victoria para la población costarricense», informó la CCSS.
Este movimiento impidió que se atendieran casi 68 mil consultas generales y especializadas en diferentes partes del país de acuerdo con datos suministrados por la Caja. Los últimos datos aportados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revelan que, en los primeros días de huelga, la institución dejó de brindar 67 632 consultas generales y especializadas en diferentes puntos de la geografía nacional, lo que representa un 38% de afectación.
El Sistema de Información de Agenda y Citas (SIAC), del Expediente Digital Único en Salud ( Edus), reveló que durante la semana, la institución programó en sus diferentes establecimientos 178 888 consultas y realizó solo 111 256.
En relación con las cirugías durante los ocho días de huelga se realizaron 2 810 intervenciones quirúrgicas y se realizaron 1 411. La región más afectada durante la semana sigue siendo la región Brunca, pues algunos de sus hospitales tienen niveles de afectación que superan el 70%.
Tras el acuerdo firmado entre el gobierno y los sindicatos, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, destacó la importancia del diálogo para la construcción de un acuerdo apegado al marco de la legalidad vigente, en el que se respeta además, lo establecido por la Ley 9635 que resguarda las finanzas públicas.
Como parte de la negociación, la CCSS solicitará ante los Tribunales una declaración de lesividad que permita la nulidad del acuerdo suscrito el 20 de febrero.
La declaración de lesividad es un acto administrativo por el cual una entidad considera dañino para los intereses públicos o generales, un acto previamente dictado por ella misma que es favorable a los interesados con el fin de solicitar su anulación ante la justicia.
En este sentido, el doctor Román Macaya Hayes explicó que la CCSS no puede por sí misma anular tal acuerdo que se suscribió en febrero con base en el bloque de legalidad que había en ese momento: la Ley 9635 publicada el 4 de diciembre del 2018 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 41564-Mideplan-H), el cual posteriormente fue modificado (mayo 2019).
Por su parte, la dirigencia sindical presentará ante los Tribunales de Justicia las impugnaciones que considere pertinentes y un juez determinará cuál de las partes tiene la razón. Entre tanto se respetarán los efectos del acuerdo de febrero suscrito por las partes.
Según la autoridad de la CCSS, el acuerdo establece que los Tribunales de Justicia tendrán que resolver el conflicto establecido entre la institución y la dirigencia sindical en torno al diferendo surgido por la aplicación de la Ley 9635 y su Reglamento y reformas (decretos) posteriores a un acuerdo suscrito entre las partes, dentro del marco jurídico vigente a ese momento. Así, se respetarán los efectos del acuerdo del 20 de febrero.
