- Mientras que CR denuncia al país del Norte por invasión
Redacción- El gobierno de Ortega, negó que un nicaragüense haya sido asesinado en territorio costarricense; Nicaragua indicó que «rechaza las infundadas aseveraciones de las autoridades del Gobierno de Costa Rica, quien pretende manipular la ocurrencia de un delito común con acusaciones falsas».
La tensión entre ambos países surge luego de que este pasado lunes 26 de agosto trascendiera la noticia de que el cuerpo de un nicaragüense fue encontrado en la frontera norte.
Según información preliminar, testigos del hecho afirmaron que el hombre fue asesinado por militares nicaragüenses que le seguían.
LEA TAMBIÉN: Brasil solo aceptará ayuda internacional si puede decir cómo utilizarla
Costa Rica consideró “un hecho de enorme gravedad”, el generado por las acciones de seis efectivos del Ejército de Nicaragua que penetraron al territorio costarricense en Calle Chinchilla del Barrio San Sebastián de Pueblo Nuevo, Distrito de Pocosol, Cantón de San Carlos, Provincia de Alajuela, a unos 150 metros de la frontera con Nicaragua, cerca del mojón fronterizo No. VI.
«Dichos efectivos del Ejército de Nicaragua, según confirmaron testigos que presenciaron los hechos, dieron muerte en este sitio al ciudadano nicaragüense de nombre Rubén Loáisiga, cuyo cuerpo quedó en la zona, y regresaron posteriormente al territorio de Nicaragua», se expresa en la nota de Cancillería.
Asimismo Costa Rica añadió que «el ingreso de militares nicaragüenses al territorio costarricense constituye una grave violación a la integridad territorial y soberanía nacional de la República de Costa Rica.
Estos hechos son contrarios al principio cardinal bajo el Derecho Internacional del respeto a la inviolabilidad del territorio de los Estados, establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y consagrado además en la Constitución Política de la República de Costa Rica, que establece que tropas extranjeras solo podrán entrar a suelo costarricense previa autorización de la Asamblea Legislativa».
