- Algunos residentes llevan meses esperando valoración psicológica
Redacción- La diputada María Vita Monge Granados urgió a los magistrados de la Sala Constitucional para resolver lo más pronto posible el recurso de amparo expediente N° 19-009864-0007-CO, el cual busca poner un alto a una serie de deficiencias que han desmejorado el funcionamiento de la Unidad de Atención Integral (UAI) Pabru Preberi de Pérez Zeledón.
La UAI, la cual es modelo a nivel nacional e internacional, pasó a ser parte de los centros penales con hacinamiento carcelario, pues pese a tener capacidad solo para 256 residentes, ahora tiene 320, en razón de una orden del Ministerio de Justicia para colocar más camarotes en las celdas, medida que se pretende sea frenada con el recurso constitucional, el cual fue interpuesto por Cristín Dayana Scott Núñez, Defensora Pública de Ejecución de la Pena de Pérez Zeledón.
“Hago un llamado urgente, respetuosa de la división de poderes, a los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional para que frenen esta situación. No es posible que, tras una inversión millonaria en este modelo penitenciario, se esté retrocediendo y destruyendo un ejemplo nacional e internacional de atención de las personas privadas de libertad”, manifestó la legisladora.
El modelo de Unidad de Atención Integral es parte de un programa que busca rehabilitar a los privados de libertad con distintas oportunidades de formación, como el estudio; sin embargo, por la colocación de los camarotes se han reducido los espacios para estudio en sus celdas, e incluso, se les ha removido las lámparas para las horas de repaso, obligándolos a acudir a las salas comunes, dificultando así su concentración. Todo ello debilitaría el espíritu de la UAI y, en apariencia, provoca incumplimientos de los planes de atención profesional.
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Por otro lado, desde el 23 de noviembre de 2018, la UAI no cuenta con un profesional en derecho asignado para cumplir con todo lo que respecta a los informes para las audiencias de la Libertad Condicional, lo cual ha generado atrasos importantes que han impedido que a los residentes se les respete el derecho al debido proceso.
Lo mismo ha ocurrido con el servicio de Trabajo Social y Psicología, el cual se encuentra colapsado, precisamente por la sobrepoblación carcelaria que registró este centro en los últimos meses. De hecho, ante la Sala Constitucional también se denunció que existe un grupo importante de residentes que no han podido solicitar la ejecución condicional de la pena porque no han sido ni siquiera valorados por este departamento, lo cual lesionaría sus derechos.
“Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso no puedo dejar pasar esta situación. Si bien se encuentra en la instancia correspondiente, es urgente que la Sala resuelva porque, en primer lugar, no es posible que a los privados de libertad se les condicione sus derechos y en segundo, porque este es un programa que de ninguna manera se debe debilitar”, insistió Monge Granados.
La socialcristiana, además, criticó que se haya trasladado a la funcionaria Yalile Galera, quien fungía como directora de la UAI. Según la congresista, Galera tenía un manejo administrativo ejemplar en este centro, pero por supuestas diferencias con funcionarios fue instalada en el CAI.
El 29 de julio del año en curso, el juez Juan Carlos Alvarado Miranda ordenó el cierre técnico de la UAI Reinaldo Villalobos en Alajuela, por los mismos problemas de hacinamiento y administrativos. Por ello, la diputada Monge hace un llamado vehemente a evitar que esto suceda en la UAI de Pérez Zeledón.
