Redacción- La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en la Zona Sur, logró que se ordenará medidas cautelares en contra de Arias Montenegro, policía de la Dirección General de Migración y Extranjería, quien figura como sospechoso del presunto delito de legislación o administración en provecho propio.
Al imputado se le ordenó la suspensión del cargo como funcionario público, no ingresar a las oficinas de Migración y Extranjería de Paso Canoas, presentarse a firmar una vez al mes a la Fiscalía y mantener domicilio fijo. Estas medidas cautelares fueron impuestas por el Juzgado Penal de la zona, ayer, por el plazo de seis meses.
Detención.
El sospechoso fue capturado ayer, tras un allanamiento dirigido por esta Fiscalía, en la oficina de Aduanas, en Paso Canoas. En conjunto con la Policía Profesional de Migración, se logró decomisar evidencia documental de importancia para el desarrollo de la investigación, por lo que se incluirán al expediente.
Se cree que el 17 de diciembre del 2018, el imputado, quien laboraba como Coordinador Policial de Migración, habría autorizado un acto administrativo. Con ello, en apariencia, Arias autorizó a un familiar cercano obtener un permiso vecinal para costarricenses, sabiendo que esta persona tenía una orden de impedimento de salida del país.
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La Unidad de Investigaciones iniciaron desde principio de año la investigación, a raíz de una denuncia por parte de la seccional ANEP, una investigación que demostró que el funcionario, quien hasta ese momento se desempeñaba como Jefe Policial de la Regional en Paso Canoas autorizó la salida del país mediante un permiso vecinal a un familiar de apellidos Arias Picado.
Al parecer el oficial Arias consultó los sistemas informáticos, y verificó que la persona contaba con impedimento de salida; sin embargo, a pesar de esto, autorizó y firmó el permiso vecinal para que saliera y lo presentara ante las autoridades panameñas. Asimismo, descartó ingresar el movimiento migratorio de salida, excluyendo el control migratorio propio de su puesto y sus funciones.
“La investigación dio inicio a través de una denuncia por la ANEP, por lo que de forma inmediata se ordenó por parte de la Dirección General la investigación correspondiente para determinar la responsabilidad del funcionario, garantizando transparencia en los procesos y de esta forma reprimir este tipo de conductas, que son contrarias al ordenamiento jurídico”, señaló Stephen Madden, Director de la Policía Profesional de Migración.
