Redacción- La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) interpuso una denuncia ante la Procuraduría Ambiental (de la Procuraduría General de la República) en contra del proyecto para la construcción de un atracadero turístico en Puerto Viejo de Limón, el cual fue aprobado por la Municipalidad de Talamanca y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en sesión extraordinaria 5972 en marzo 2017.
La acción legal obedece a varias irregularidades detectadas, tanto en el proceso administrativo como en el estudio de viabilidad ambiental.
Las falencias administrativas son serias considera la Asociación y mencionan, por ejemplo, la utilización de un instrumento de planificación general para la zona del Caribe Norte y Sur como el plan regulador específico requerido para la aprobación del proyecto.
Según la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, para construir un atracadero es requisito “contar con un instrumento de planificación, debidamente aprobado por la autoridad competente, que oriente las pautas del desarrollo del país”. No obstante, en la actualidad el cantón de Talamanca NO cuenta con plan regulador actualizado y aprobado.
Por otra parte, al parecer no se hizo una consulta abierta a las comunidades involucradas, a pesar de que el artículo 36 de la ley mencionada supra dicta la obligación, en l caso de marinas turísticas, de convocar a una audiencia pública con la indicación del lugar, la fecha y la hora de la presentación del proyecto. En este caso, NO existen pruebas de reuniones, con participación de la comunidad, donde se haya expuesto el proyecto.
Asimismo, nO se incluyó a los pueblos indígenas en el proceso, como lo dicta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual indica la obligación de consultar a estas poblaciones sobre proyectos a desarrollar en la zona.
Aunado a lo anterior, el punto 9 de la Resolución de Viabilidad Ambiental dice: “a partir de la resolución que otorga la viabilidad, se debe colocar un rótulo en la entrada del área del proyecto”. Este requerimiento obligatorio tampoco se ha cumplido.
En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental, cabe mencionar que el área en la que se desarrolla el proyecto incluye zonas terrestre y marítima, sin embargo, el estudio fue ejecutado de manera apresurada y solo por un biólogo de tierra y no uno marino, lo cual es una deficiencia importante, pues existe un ecosistema acuático complejo y fragil (arrecife coralino).
Dicho estudio estuvo a cargo del biólogo Sebastián Araya Oviedo, quien incluye en su informe sólo 11 especies de peces y deja por fuera a tortugas, delfines, tiburones y demás biodiversidad presente en la zona.
El Lic. Araya afirma que “en el área del proyecto no existen especies de flora y fauna bajo protección”. Esta afirmación NO es correcta, ya que en la zona recientemente se han avistado especies protegidas como el manatí, que en 2014 fue declarado símbolo de la fauna marina costarricense y se encuentra bajo protección según la Ley 9264.
Finalmente, consideran que el proyecto tampoco prevé las consecuencias en los ámbitos social, biológico y oceanográfico y no considera el evidente impacto negativo en áreas protegidas como el Parque Nacional Cahuita y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.
Para Gino Biamonte Castro, Director de APREFLOFAS, “este es otro proyecto sacado de la manga, pues la ley 7744 de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, en su artículo 1 indica que no se otorgarán concesiones para la construcción y operación de marinas y atracaderos turísticos en áreas donde existan ecosistemas coralinos. Inclusive se ven incongruencias entre los datos presentados a la SETENA y los que tiene el cartel de licitación, por ejemplo; el relleno en la costa que se presenta a SETENA (en metros cuadrados) es de menor impacto que el se presenta en el cartel licitación (en metros cúbicos). ”
“Esperemos el análisis y veredicto de la Procuraduría Ambiental en la defensa de nuestro Caribe, acosado por quienes desean implantar un modelo de desarrollo que no beneficia el producto turístico propio, que es tan valorado y que, por su fragilidad cultural y ambiental, debemos proteger”, agregó Biamonte.
