Congresistas aprobaron proyecto de ley. AMPrensa.com
  • Sector privado destaca como uno de los puntos relevantes  la suspensión del salario desde el primer día de movimiento de protesta

Redacción.  El proyecto de ley para regular las huelgas se aprobó con 40 votos a favor y 15 en contra, lo que llenó de satisfacción al sector privado.

De acuerdo con la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, el texto aprobado contiene elementos que contribuirán a garantizar la seguridad jurídica que tanto requiere el sector productivo y el país como un todo, pues las consecuencias de las huelgas pasadas con una paralización de servicios por casi 89 días y la pérdida de ₡138 mil millones, las enfrentó en gran parte el sector empresarial.

Como un tema relevante de este proyecto aprobado en primer debate se encuentra la suspensión del salario a los huelguistas desde el primer día de manifestación y solo se procederá con el pago en caso de juez declare que el movimiento es legal.

“Ni la gente, ni el país puede seguir enfrentando movimientos que paralicen servicios sólo para mantener o defender privilegios de unos pocos. Las grandes mayorías en este país no están sindicalizadas y son los que sufren las consecuencias de la huelgas, cuando se privan derechos o se atenta contra la integridad de las personas”, expresó Delgado. 

Otras reacciones 

Enrique Egloff 

Presidente de la CICR

“En la Cámara de Industrias de Costa Rica celebramos la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 21.049, para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. En el mes de la Patria, se le da un regalo a Costa Rica para ser más libre y segura. Es un gran paso para devolverle la seguridad jurídica a los costarricenses y a la inversión nacional y extranjera, que estamos hartos de los chantajes huelguísticos sindicales”
Maurizio Musmanni
Presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 

“Es intolerable la utilización de prácticas como bloqueos de calles, de vías de ferrocarril o la paralización de servicios de salud y educación, por grupos radicales que desprecian abiertamente el sistema de convivencia democrática. Como si fuera poco, dichos privilegios deben pagarse con los tributos que la ciudadanía y las industrias honramos”.