- Farmacias han sido criticadas por poner trabas a las clientas de Posterga
- Patricia Mora afirma que son prácticas machistas
Redacción – Las farmacias Fischel y La Bomba, tras las críticas que han recibido por la forma de vender las pastillas Posterga «del día después», la cual viola diferentes decretos de la República y contradice lo establecido por el Ministerio de Salud, justifican su accionar al solicitar la firma de documentos, cédulas de mayor de 18 años e incluso un tema de que sean mujeres las clientes.
Cuestamoras Salud, dueños de las Farmacias Fischel y Farmacia La Bomba, señalaron que cumplen la ley, puesto que no se especifica en el decreto que este medicamento es de venta libre, aunque así lo haya determinado Salud.
«El Decreto 41722-S permitió la dispensación de anticonceptivos orales de emergencia; sin embargo, en su Artículo II estableció la dispensación únicamente con el debido asesoramiento farmacéutico del regente. No obstante, en ningún artículo de este decreto se establece que la modalidad de venta de este medicamento sea de venta libre», dice el comunicado oficial de la empresa ante una consulta de AMPrensa.com.
La farmaceuta Vivian Pereira, de Cuestamoras Salud, dijo que si el decreto estableciera que la venta de la píldora es de venta libre, este proceso no debería seguirse e incluso cualquiera podría comprar el medicamento.
«Estamos dándole seguimiento a las denuncias recibidas y se emitirán las actos administrativos correspondientes en caso de encontrar irregularidades», detalló el Salud en un comunicado.
El Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) indicó que estas son prácticas que violan los derechos de los menores de edad, al solicitarles que deben asistir con sus padres a solicitar el anticonceptivo de emergencia.
“Existe amplia normativa que protege el derecho a la salud reproductiva y sexual de menores, su privacidad en el acceso a este derecho y a su autodeterminación. De manera que cuando las personas menores de edad buscan adquirir el anticonceptivo de emergencia en farmacias, no puede exigírseles la presencia de sus padres”, dice el Inamu.
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Además, esta institución destacó que el Comité de Derechos del Niño y la Organización Panamericana de la Salud sostienen que los servicios de salud sexual y reproductiva para menores deben gozar de privacidad y requieren únicamente su propio consentimiento. Es decir, pedirles la presencia de sus padres, para venderles la píldora, es inadecuado con respecto a estas normativas.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene un “Lineamiento para la consejería y prescripción de métodos anticonceptivos y protección como parte de la atención integral en salud a personas adolescentes de 10 a 19 años” que parte de la privacidad de los menores usuarios de los servicios de salud.
Aunado a eso, existe la “Norma Nacional para la Atención Integral de la Salud de las Personas Adolescentes: componente salud sexual y reproductiva”, cuyos principios son el interés superior del menor y su discriminación positiva, la participación y su autonomía progresiva.
Por otro lado, la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, destacó que es un símbolo de machismo porque a los hombres no les piden ningún requisito para la compra de viagra o condón masculino.
«Creemos que es una muestra de una resistencia, de una sociedad machista que no entiende que las mujeres tenemos autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras decisiones», fueron las palabras de la jerarca para AMPrensa.com.
Para el caso de las mujeres a las que les han solicitado firmar un documento, aseguran que es para resguardar su salud y respaldar que hubo cumplimiento de deberes.
«En nuestras farmacias desarrollamos un procedimiento básico que asegura que sí se realizó el cumplimiento del debido asesoramiento farmacéutico a la mujer que consumirá el producto. Este procedimiento se registra en un consentimiento informado, una herramienta común para documentar el asesoramiento farmacéutico. Esto garantiza que informamos a las pacientes, con lo cual resguardamos su salud y aseguramos el cumplimiento del deber profesional de nuestros farmacéuticos”, indicó Pereira.
Además, mencionó que este proceso es «apegado a la normativa legal ayuda a evitar eventuales abusos en perjuicio de menores de edad o personas no informadas adecuadamente sobre los efectos secundarios de un producto farmacéutico».
