Redacción- La diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y Paz porque su jerarca, Marcia González, se negó a brindarle información sobre la aplicación de los brazaletes electrónicos.
La congresista decidió llevar el caso ante la Sala Constitucional, pues desde el 17 de junio pidió información sobre estos dispositivos electrónicos y no ha recibido respuesta.
“Por su silencio, por desatender nuestra solicitud y sobre todo, por no aclarar las dudas que tienen los costarricenses sobre cómo se ejecuta el programa, estoy procediendo a presentar un recurso de amparo”, dijo Segreda.
En el 2017, entró en vigencia el uso de brazaletes electrónicos para una ejecución condicional de la pena, con el propósito de descongestionar las cárceles y dar una segunda oportunidad a aquellos que, según el tribunal correspondiente, sean aptos para cumplir la condena mediante el control de un dispositivo electrónico.
A la fecha, hay más de 1.500 beneficiados, cifra que crece cerca de un 10% todos los meses, “pero mantenerlos debidamente monitoreados es una tarea, que tanto el Ministerio de Justicia y Paz como la empresa contratada para brindar el servicio, han sido incapaces de ejecutar como corresponde, y algunos de los beneficiarios han violentado los equipos dispositivos”, aseguró la congresista.
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Ante cuestionamientos que han surgido, la legisladora de Restauración Nacional envió una carta a la Ministra pidiendo cuentas sobre la colocación de brazaletes electrónicos para privados de libertad.
En la misiva solicitó un informe detallado sobre el uso de mecanismos electrónicos de seguimiento y las razones por las que el Instituto de Criminología no está realizando los estudios previos a los que la ley le obliga para conceder el beneficio.
También pidió el reporte, que el artículo 11 de la Ley 9271, establece como obligación de ese instituto con el propósito de evaluar anualmente este beneficio. Cuestionó que se distribuyan brazaletes sin un plan integral de apoyo para el beneficiario y las víctimas.
“No se trata de lanzarlos a la calle y esperar que los buenos resultados vengan por cuenta propia”, advirtió Segreda que espera que la Sala obligue a Justicia a brindarle un cuadro con datos sobre cantidad de beneficiarios y un detalle de las provincias donde se encuentran, los delitos por los que fueron privados de libertad y el estatus legal de las personas beneficiadas.
