- Congresista afirma que la Empresa de Servicios Públicos y el Ministerio de Justicia se tiran la pelota
Redacción. La diputada del Partido Restauración Nacional, Floria Segreda, aprovechó su espacio de control político para exigir la salida inmediata de la Ministra de Justicia ante las irregularidades que se han detectado en el otorgamiento de brazaletes a privados de libertad y que se revise de inmediato los casos en que cabría revocar el beneficio, ante la falta de garantías para la ciudadanía.
“Lo que está pasando con los brazaletes es una irresponsabilidad. Justicia se lava las manos. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia culpa al ministerio y los jueces de ejecución de la pena vinieron a la Comisión de Seguridad a desnudar el sistema”, advirtió la congresista.
Agregó que se está jugando con la seguridad de los costarricenses.
Segreda exige que se detenga la concesión de este beneficio hasta que no se ofrezcan las garantías mínimas.
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Para la legisladora, “es urgente sentar responsabilidades, que la Ministra de Justicia se separe de su cargo y que venga alguien competente a poner orden”.
Asimismo, “si la empresa contratada no está cumpliendo que se emprendan las acciones legales. Dejen de burlarse de los costarricenses”, enfatizó.
Recordó que “entre todos han venido a desnudar el sistema de mecanismos de seguimiento: han dicho que es obsoleto, que no hay controles adecuados, que se los pueden quitar fácilmente, que no hay estudios previos, que no se cumplen estándares mínimos. En fin, estamos ante un desastroso sistema”.
La diputada entregó un proyecto de ley para que se establezca la obligación de que la Dirección General de Adaptación Social tenga un padrón actualizado y detallado de los internos adscritos al programa.
