- Se concentran este lunes en la sede central del MAG
Redacción. Un grupo de agricultores de las zonas rurales liderados por Ulises Blanco, que forman parte del Encuentro Social Multilateral, se apersonaron esta mañana en las afueras del Ministerio de Agricultura y Ganadería para entregar ocho peticiones al Gobierno.
Entre ellas, sobresalen:
1) Convocar el proyecto de ley de rescate, recuperación y fortalecimiento del sector agropecuario, agroalimentario y forestal.
2) Otorgar el pago diferenciado de servicios ambientales, por un área de diez mil hectáreas
en las zonas que han sido predeterminadas en la mesa de ruralidad.
3.) Retirar de corriente Legislativa todos los proyectos que atenten contra la estabilidad de
la producción agroalimentaria y las instituciones que las tutelan.
4.) Convocar el proyecto de fortalecimiento al PAI, por medio del CNP, que se negoció en la
mesa de asuntos Agropecuarios.
5.) Traer a la corriente legislativa el proyecto de ley para la regularización de la tenencia y el uso del suelo en Costa Rica.
6.) Instalar la comisión bipartita, que redactará el proyecto de reformas de ley para garantizar la solución adecuada a los conflictos en precario, acordado en mesa de Ruralidad.
7.) Reorganizar el diálogo para encontrar los consensos adecuados y hacerle los ajustes
necesarios al proyecto de Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional.
8.) Abrir el Diálogo para iniciar un proceso de revisión y ajuste a los Tratados de Libre Comercio y su adecuada administración.
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La necesidad de que el Gobierno se enfoque más en este sector también la denunció la semana anterior la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) integrada por la
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Unión de Pequeños y Medianos
Productores (UPA Nacional), la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias
(UPIAV), junto con la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) que denunciaron la necesidad de mejorar las políticas públicas.
La imposibilidad de utilizar agroquímicos de primera generación, la devaluación real del colón, el rezago en la infraestructura y obra pública son los principales problemas que denunciaron.
