Redacción. Los diputados sesionaron hoy extraordinariamente en la mañana para analizar el expediente 21.845: Proyecto de alivio fiscal ante el COVID-19 y retomarán en horas de la tarde.
La iniciativa lo que busca es dar una moratoria para los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades, el pago del Impuesto al Valor Agregado y de los impuestos para nacionalizar mercadería (en de abril, mayo y junio de 2020) la cual podrá ser prorrogada por una única vez por el Presidente de la República, extendiéndose hasta el 31 de julio de 2020.
El COVID-19 es una enfermedad altamente infecciosa, que tuvo su epicentro inicial en China y se ha extendido por países de Asia, Europa y América, incluido Costa Rica.
LEA MÁS: Partido Unidad Social Cristiana define nueva carta ideológica
La moratoria que se plantea en esta oportunidad se refiere únicamente a un aplazamiento en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales de los contribuyentes, por lo que, al mantenerse incólumes sus deberes formales relativos a cada impuesto, deberán los contribuyentes presentar oportunamente las respectivas declaraciones tributarias según lo dispuesto por las autoridades competentes, en aras de no perjudicar el respectivo control tributario.
El diputado de Liberación Nacional, Roberto Thompson, dijo que es el momento de ponerse a trabar.
Tanto los congresistas de Nueva República, como de la Unidad Social Cristiana, presentaron propuestas de reactivación económica al Gobierno.
Las de Nueva República propusieron que por seis meses las cuotas no pagadas de los créditos que tiene la banca con las pymes y que no sean cubiertas a causa de la crisis del coronavirus, puedan ser respaldadas de forma inmediata (sin mayor burocracia) con los fondos de Banca para el Desarrollo; esta medida también cubriría otros créditos que enfrenten problemas de pago debido a la pandemia.
«Una vez pasada la crisis del Covid-19, los entes bancarios darán un reporte al Sistema de Banca para el Desarrollo para que éste consolide un financiamiento de hasta 20 años con las pymes para que puedan cancelar esos montos. Con esta medida evitaremos muchos cierres y despidos que golpearían las finanzas de las familias costarricenses», comentó Jonathan Prendas.
La segunda medida busca autorizar, por una única vez, al Ministerio de Hacienda para usar los eurobonos aprobados el año anterior y que no han sido usados por el gobierno,con el propósito de compensar el no pago del IVA por parte del sector productivo.
María Inés Solís, diputada de la Unidad, dijo que muchas de las propuestas del Ejecutivo fueron planteadas por ellos desde el pasado jueves y que la idea es seguir trabajando para que se avance en la propuesta.
