Redacción. Las autoridades del Gobierno entregarán un proyecto de flexibilidad laboral, como parte del paquete de iniciativas que están optando ante el Covid-19.
Este se sumaría a las medidas cabildeadas por los diputados como la moratoria al impuesto de valor agregado para disminuir los despidos en las empresas.
El solicitud de flexibilidad laboral o jornadas excepcionales la realizó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) tomando en cuenta que existiría un día menos de exposición; aplica a población laboral de bajos ingresos que no puede acceder al teletrabajo y además, un aprovechamiento pleno de la infraestructura vial.
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“Vamos a analizar con lupa la iniciativa del Gobierno de manera que no se violenten de ninguna los derechos de los trabajadores”, aseguró José María Villalta, diputado del Frente Amplio.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, dijo que es urgente que se permitan las jornadas laborales más flexibles, durante el período de crisis ocasionado por el COVID-19.
Sin embargo, insistió en que se el aporte patronal a la CCSS se calcule con base en la cantidad de horas realmente trabajadas, no sujetas a un mínimo de contribución.
En horas de la mañana, el Gobierno anunció que las personas empleadoras que deban cerrar sus establecimientos por la situación del país a causa del nuevo coronavirus COVID-19, no podrán rebajársele sus salarios.
Solo podrán interrumpir el pago de salarios aquellos empleadores que reciban el aval de la Inspección del trabajo tras presentar, ante esta instancia, una solicitud de suspensión temporal de los contratos de trabajo.
Esta suspensión temporal de los contratos de trabajo no interrumpe la relación laboral entre el patrono y sus personas colaboradoras y no debe entenderse como un proceso de despido o renuncia.
De igual manera, esta suspensión puede ser parcial, es decir, no aplicar para todas las personas trabajadoras de la empresa.
