Jonathan Prendas, de Nueva República. AMPrensa.com.

Redacción-El diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, afirma que el gobierno si tendría información bancaria de todos.

De acuerdo con Prendas, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y Casa Presidencial intentaron tener acceso a las bases de datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) dos veces.

“Con esa petitoria podrían ver toda la información bancaria de las personas, pero como no pudieron entonces el Ministro de Hacienda pidió como viceministro a la misma persona que gestionaba los convenios de la UPAD con la SUGEF para poder enviarlo como su representante ante el CONASIFF (superior administrativo de la SUGEF) y así lograr tener acceso ilimitado a la base de datos que se les había negado”, señaló el legislador con base a lo que ha investigado.

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Entre lo que aporta como prueba el legislador, es un supuesto contrato de confidencialidad entre la SUGEF, el ministerio de la presidencia, y los analistas Alejandro Madrigal Rivas y Diego Fernández Montero.


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Dentro del expediente son investigados el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora y el viceministro de Planificación Nacional y Política Económica, Luis Daniel Soto Castro.

Además, son sospechosos el coordinador Diego Fernández Montero, así como Andrés Villalobos Villalobos y Alejandro Madrigal Rivas, subordinados de Fernández.

También, Felly Salas Hernández, jefa de despacho del presidente y Luis Eduardo Salazar Muñoz, comisionado para Asuntos de la Comunidad LGBTI, y fue quien ideó el decreto que dio vida a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.

Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto.