Redacción.    Los congresistas aprobaron en primer debate, con 50 votos a favor y uno en contra,   el proyecto de ley que pretende crear un subsidio para la atención en la condición de desempleo o reducción de jornadas laborales.

Esta iniciativa pretende no aprobar más aumentos en el precio de los combustibles, con excepción del diésel y que el monto del diferencial se destine a ese sector golpeado por el Covid-19.    

El precio de la gasolina súper se mantendrá en ₡543,10, gasolina plus  ₡520,09 y diésel  ₡434,86.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no dará curso o realizará de oficio, fijaciones de precio del margen de estaciones de servicio y del margen del transportista.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) trasladará, al Ministerio de Hacienda, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.


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El Ministerio de Hacienda asignará vía presupuesto de la República, como máximo cada dos meses, la totalidad de los recursos recaudados por esta ley al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Ministerio de Trabajo (MTSS).

Podrán ser beneficiarias de este subsidio, las personas que, durante el período indicado en el artículo 4 de la presente ley:
a) Pierdan su empleo, salvo que el despido sea con responsabilidad de la persona trabajadora.
b) Se les reduzca su jornada laboral.
c) Se les suspenda su contrato de trabajo.
d) Quienes, siendo personas trabajadoras independientes o trabajadoras informales, hayan visto reducidos sus ingresos.
e) Las personas que durante este período se encuentren en vulnerabilidad, por su condición de pobreza o pobreza extrema.

La diputada de Nueva República, Ivonne Acuña, reconoció el trabajo que vienen realizando los congresistas para sacar adelante este proyecto que ha golpeado al motor de la economía y a muchas familias costarricenses pero se requiere un trabajo más grande por parte del Ejecutivo.  

Los congresistas: Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana, dijo que sacar el diésel no tiene ningún fundamento técnico pero que aún así aprobaría la propuesta.

José María Villalta, diputado del Frente Amplio, mencionó que no apoyaba el hecho de que se sacara el diésel porque se hubiera logrado recaudar más recursos.

El congresista, Roberto Thompson, quiso felicitar a la Comisión de Hacendarios por haberle dado un apoyo a la población más vulnerable y aprobar una serie de iniciativas que le permitan al Gobierno enfrentar esta crisis que se está viviendo.

De la misma fracción,  Franggi Nicolás, dijo que el congelamiento del precio actual de los combustibles permitirá constituir un fondo por la suma aproximada de 28 mil millones de colones y beneficiar a 75 mil personas.

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, dijo que un 60 por ciento de la población debe salir a la calle a trabajar, pese a la pandemia y a ellos es que se les va a poner un impuesto a los combustibles.

«Al Partido Acción Ciudadana no les gusta ese nombre, pero nosotros consideramos que es una carga para los consumidores», comentó.