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  • Iniciativa se tramita bajo el expediente 21.917

Redacción.    La Defensoría de los Habitantes propuso a la  Asamblea Legislativa una serie de cambios al proyecto de ley 21.917 que  procura no pagar la anualidad 2020 a los trabajadores del sector público, con el propósito que esos fondos sea utilizados para la atención de la emergencia  sanitaria del Covid-19.

Una de las modificaciones a la iniciativa tiene que ver con que no se elimine por completo el pago del 2020 sino más bien que se defina como una  suspensión temporal de la anualidad.

Las autoridades del Ministerio de Planificación aconsejaron que se suspendiera la anualidad para el próximo año y eso permitiría trasladar un monto de ¢23 mil millones al Estado.

Esta medida sería extraordinaria y se aplicaría por una única vez y excluye a quienes laboren para el Ministerio de Salud, la Caja y los cuerpos policiales del país.


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Además, llamó la atención que el  proyecto permitiría el reconocimiento de ese rubro a un grupo de funcionarios(as), específicamente, sector salud y fines policiales, pero dejaría por fuera al resto de empleados públicos lo que podría visualizarse como discriminatorio.

Si bien,  la Defensoría comprende los argumentos para limitarlo a dichos funcionarios(as), no se debe olvidar que el incentivo laboral anualidad, se paga en mérito al trabajo desempeñado durante un año, por aquellos trabajadores públicos con un desempeño de “muy bueno”.

En razón de que la anualidad es un derecho establecido por ley, la Defensoría sostiene que el Estado debería considerar otras alternativas más equitativas, como la suspensión temporal del mismo, como una medida solidaria tal y como otras que ya definidas por el Gobierno con ocasión de la actual crisis  sanitaria por el Covid-19.