Redacción. El presidente de la República, Carlos Alvarado, convocó el proyecto de ley del pago de arrendamientos y subarrendamientos de vivienda y locales comerciales bajo el expediente Nº21.927, presentado por 27 legisladores.
El objetivo es buscar un arreglo entre el arrendador y el arrendante, como primera instancia.
De no ser posible, plantea regular de forma excepcional y temporal el pago de los arrendamientos y subarrendamientos de viviendas y de locales comerciales, procurando un equilibrio entre las partes.
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La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gómez, agradeció a los y las diputadas que conforman la mesa de trabajo de arrendamientos “por el arduo trabajo de análisis y conciliación de un proyecto de ley que ayude a las personas más vulnerables, pero que también genere un equilibrio entre los arrendadores y arrendatarios, ya sea este de viviendas o de locales comerciales”.
En el caso de los locales comerciales, la imposibilidad del pago del alquiler estaría relacionado a la pérdida de los ingresos del comerciante, debido a una declaratoria sanitaria emitida contra su local comercial o a una clara disminución de las ventas del negocio.
El plazo del arreglo de pago pactado entre las partes, ya sea por el arrendamiento o subarrendamiento de vivienda o local comercial, tendrá vigencia de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la ley.
El depósito de garantía podrá responder según la normativa vigente.
Esta disposición no aplica en aquellos procesos ya instaurados en los Tribunales de Justicia, con causa anterior al inicio de esta emergencia.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Catalina Montero Gómez, celebró la convocatoria y señaló que el proyecto es vital durante la actual coyuntura económica, social y sanitaria.
Su objetivo es preservar las relaciones contractuales entre las partes, mitigar el impacto de la crisis en hogares, e impedir que empresarios pierdan el esfuerzo realizado por años para levantar sus negocios.
Ivonne Acuña, diputada de Nueva República, aseguró que el texto sustitutivo final para el proyecto de arrendamientos logra que la norma piense en ambas partes, el arrendador y el arrendatario, en una difícil situación económica y social que golpea al país.
