- Oficiales fueron detenidos en sus lugares de trabajo
- Turistas se sintieron intimidados y pagaron la suma económica
Redacción- Dos oficiales de la policía administrativa fueron capturados por el Organismo de Investigación Judicial, este martes por la mañana.
A los policías se les detuvo por presuntos cobros ilegales en sus horas de trabajo, según la investigación de la policía judicial.
Los agentes policiales habrían cobrado ¢500 mil a un grupo de turistas que estaban en la playa.
Como de apellido Badilla y Méndez, el OIJ identificó a la pareja de oficiales detenidos, ambos se destacaban en la delegación de Garabito, en Puntarenas.
Badilla era agente conductor e ingresó a la policía en diciembre de 2017, mientras que Méndez trabajaba como agente de policía desde junio de 2008, confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.
Estos hechos habrían ocurrido en el mes de febrero en una playa de la zona de Jacó, informó el OIJ.
Hechos
Méndez y Badilla habrían llegado hasta una zona de la playa, donde estaban los turistas, y les dijeron que estaban cometiendo un delito.
Por el supuesto delito que estaban cometiendo, los oficiales dijeron a las personas que iban a ser detenidas y les iban a decomisar el carro.
Sin embargo, los policías dijeron a los turistas que si llegaban a un acuerdo y pagaban ¢500 mil, podían quedar libres.
Ante eso, las personas, después de un hora dialogando, se sintieron intimidadas y acosadas por los oficiales, por lo que accedieron a pagar el dinero.
Tras el hecho, la persona afectada interpuso la denuncia ante el OIJ de la localidad, donde iniciaron las investigaciones que concluyeron con los arrestos.
Los dos oficiales fueron trasladados hasta el Ministerio Público para que se les determine sus situación con la justicia.
Llamado a la ciudadanía
Con estos arrestos, el OIJ aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía para que denuncie ante las autoridades judiciales si han sido víctimas de hechos similares.
La policía judicial procederá a realizar las investigaciones pertinentes y garantizará que se presenten ante las autoridades pertinentes a quienes cometan el delito.
El OIJ espera que con sus acciones, estos delitos no se sigan suscitando.
