Redacción. Los diputados emitieron una serie de juicios de valor, luego de escuchar las declaraciones de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, Roberto Thompson, diputado liberacionista, dijo que «no hay que desviar el foco de atención. La verdadera responsabilidad de la UPAD está en Casa Presidencial».
Además, dijo que la Defensora cayó en una serie de errores e inconsistencias sobre las gestiones realizadas para entrevistar e intervenir en este tema, quedaron muchas dudas sobre quién hizo la grabación de la reunión con el presidente de la República, Carlos Alvarado y cómo se custodio ese audio y por qué se perdió precisamente la parte en que habían preguntas y respuestas del ministro de la Presidencia y del Presidente, aspectos que la Defensoría deberá aclarar al Ministerio Público.
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La congresista de Nueva República, Carmen Chan, dijo que «mientras avanza la investigación UPAD salen como cucarachas: la mediocridad, las complicidades para esconder u omitir información en las altas esferas del poder político de Costa Rica y la corrupción».
«Este país no aguanta un golpe más contra su democracia, es hora de que quienes actúan arbitrariamente y abusan de su poder paguen el precio de sus errores. No pueden quedar impunes actos que atentan contra nuestra institucionalidad, derechos y libertades», destacó.
Por su parte, Jonathan Prendas, dijo que quedó muy claro que el presidente, Carlos Alvarado, fue quien ordenó crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), y quien decidió que esa unidad criolla de espionaje estuviera adscrita a su despacho y le rindiera cuentas de su trabajo.
“Hay otros dos hallazgos relevantes. El presidente reconoció que contrató a Diego Fernández como el coordinador de la unidad, a quien le dio acceso a las bases de datos del Registro de la Propiedad”, señaló el diputado Jonathan Prendas, miembro de la comisión UPAD.
Por su parte, Franggi Nicolás, diputada de Liberación, dijo que persiste la política torcida, que oculta, tapa, pierde prueba y hasta ejerce influencia para ocultar la ilegalidad.
«Mientras siga la impunidad y no haya consecuencias, seguiremos viendo casos como los más de 7000 expedientes de cobro judicial de contribuyentes morosos que se “perdieron” en el Ministerio de Hacienda, a funcionarios como Ottón Solís llamando a magistrados y hasta a un Presidente de una Comisión Investigativa para instrumentalizarlos en su favor y casos de descarada corrupción como el cementazo», destacó.
