Redacción. La congresista, Paola Valladares, se opone a que se «les dispare en el pie a los gobiernos locales» quitándoles un 70% de los recursos destinados a la inversión en infraestructura vial cantonal provenientes de la Ley 8114.
«Con ese recorte se pone en inseguridad jurídica a las municipalidades que ya tienen compromisos con empresas constructoras adjudicadas para realizar obras, municipalidades que adquirieron créditos con entidades financieras pues tenían como garantía el flujo de ingresos provenientes de la transferencia del fondo vial», destacó.
LEA MÁS: Empresarios piden vetar el proyecto que excluye a las municipalidades de la regla fiscal
Además, compromete el Programa de Red Vial BID Cantonal II, cuya inversión en esta fase de $144 millones, lo que significa que 170 proyectos requieren de la contrapartida municipal para su ejecución.
La inversión en infraestructura ha estado siempre entre los mecanismos y planes de los gobiernos para superar las crisis financieras y en Costa Rica no puede ser la excepción.
