Redacción-El presidente del Consejo Nacional de Rectores, Ing. Luis Paulino Méndez, en conjunto con los rectores de las universidades públicas, presentaron la posición del CONARE sobre el proyecto de Ley expediente No. 20852, ante los diputados que conforman la Comisión especial de adición al artículo 85 de la Constitución Política.
Los legisladores proponen adicionar un párrafo final al artículo 85 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, indicando: “Las universidades estatales deberán destinar no menos del treinta por ciento (30%) de sus presupuestos a las sedes regionales que se ubiquen fuera del Gran Área Metropolitana (GAM)”.
Al respecto CONARE manifestó que no es conveniente definir una cifra específica del presupuesto a las regiones dado que la propuesta legislativa no cuenta con bases técnicas para establecer el porcentaje a destinar a dicho fin, y más bien ello pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario como un todo.
Además, esta propuesta resulta contradictoria a los lineamientos del Ministerio de Hacienda, de no apoyar la creación de destinos específicos y utilizar un presupuesto más flexible en el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa los presupuestos de las universidades públicas según los criterios técnicos que rige la materia.
El CONARE considera fundamental en el quehacer de sus universidades mantener incólume el principio de autonomía universitaria, en su dimensión histórica, normativa, académica, pedagógica, administrativa y presupuestaria, establecida claramente por el legislador constituyen en la Constitución Política de nuestro país, consagrada en su artículo 84.
Los representantes de CONARE enfatizaron que los datos presentados en este proyecto de ley, y que son la base para proponer este destino presupuestario específico para las Sedes Regionales son erróneos dada la manera que fueron obtenidos de los presupuestos universitarios.
Para este año, los Órganos de Coordinación Interuniversitarios Regionales (OCIR), en su plan de trabajo establecen el desarrollo de acciones que permitan: ajustar la oferta académica de acuerdo a las necesidades de mercado, una mayor vinculación con las comunidades, las municipalidades, las empresas privadas y las oficinas locales de gobierno; promover la investigación, la extensión y acción social de manera más integrada y articulada; mejorar la coordinación y la respuesta universitaria ante las necesidades locales.
