- En el Fondo Nacional de Avales y Garantías, el Gobierno será el fiador de estos préstamos
Redacción- El Gobierno de la República enviará al congreso el proyecto que propone crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías para la reactivación económica y el apoyo a los deudores afectados por la pandemia del COVID-19.
Con un capital del $300 millones provenientes de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el fondo facilitaría financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas a empresas y personas con actividades productivas afectadas por la emergencia del COVID-19.
La Ministra de Planificación Nacional y Política Económica Gobierno, Pilar Garrido Gonzalo, señaló que el dinero es para facilitarle a las empresas su acceso al crédito, pues muchas veces han tenido problemas para obtenerlos.
“El fondo de avales es un instrumento clave de la hoja de ruta económica para reactivar el crédito, proteger el empleo y salvar empresas golpeadas por la pandemia. Con él se procura reducir el riesgo de crédito percibido por los intermediarios financieros, para así facilitar el crédito a las empresas y personas con actividades productivas, en mejores condiciones de tasas de interés y plazos”, explicó María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del Consejo Económico del Gobierno.
Las empresas beneficiarias de estos avales o garantías deberán haber sido afectadas por el COVID 19 y comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de emitir el aval y hacer su mejor esfuerzo para recuperar los empleos perdidos por la pandemia en el menor plazo posible.
¿Cómo funcionará?
El proyecto establece que el dinero para el crédito estará disponible en las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), en donde se podrán gestionar las operaciones financieras con condiciones especiales de tasas de interés y plazos.
El Fondo de Avales funcionará con un fideicomiso. El Ministerio de Hacienda será el fideicomitente y el Instituto Nacional de Seguros será el fiduciario. Un consejo rector determinará los criterios de selección de los avales y personas físicas o jurídicas que se beneficien, los porcentajes de pérdida esperada por actividad económica, el monto máximo de avales y garantías por cliente, así como por actividad económica.
El fondo tendrá una estructura de toma de decisión eficiente y rápida, de manera que las garantías y avales puedan otorgarse a bancos y pequeños empresarios para sus necesidades de capital de trabajo a la mayor brevedad posibles. La propuesta es que el fondo emita todos los avales y garantías en un espacio de 12 meses. Todas las instituciones financieras supervisadas por la SUGEF, estarán habilitadas para solicitar los avales o garantías del fondo, en representación de las mipymes y empresas en general.
Las instituciones financieras que reciban los avales de este programa deberán comprometerse a otorgar facilidades de crédito ya sean nuevos, ampliados o restructurados con períodos de gracia y plazo para amortización acorde con las necesidades que cada cliente requiera para salir de los perjuicios causados por la pandemia y mantener la empresa y la creación de empleo estable. Estos avales pueden ser otorgados a créditos de restructuración de deudas existentes, inversión o capital de trabajo.
