Redacción. Los analistas económicos de la Universidad Nacional (UNA) determinaron que las zonas francas deberían de pagar un 1% de su renta bruta al Estado, como una «contribución voluntaria».
«El estudio se realizó con mucho cuidado tomando en cuenta las múltiples leyes que salvaguardan al sector y la posible violación de normas internacionales al comercio», destacó Roxana Morales, economista de la UNA.
La reacción del sector no se hizo esperar y Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS), mencionó que cualquier intento de afectación al Régimen de Zonas Francas y en general al sistema de atracción de inversión extranjera directa (IED) provocaría mayores perjuicios que beneficios para el país.
«Si Costa Rica modifica las reglas del juego para las empresas amparadas al Régimen de Zonas Francas y pone en riesgo la seguridad jurídica que el país les ofrece actualmente a estas empresas, no solo afectaría la atracción de inversión extranjera directa, sino que provocaría la salida de capitales hacia otras regiones, causando un efecto devastador para miles de personas que perderían su empleo de calidad», destacó.
