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Redacción.   Con 45 votos a favor y uno en contra, los diputados aprobaron en primer debate  la modificación al Proyecto de Ley 21.109 “Reforma al artículo 44 BIS y 44 TER de la Ley 7472. Ley de Promoción de la competencia y defensa del consumidor” que permitiría a los afiliados a las asociaciones solidaristas, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y las cooperativas volverle a prestar a las personas que tengan  líquidos inferiores a los ₡200 mil.

Para darle segundo debate, los congresistas aprobaron mandarlo a consulta constitucional al Banco Central de Costa Rica, a la Superintendencia de Entidades Financieras, Ministerio de Trabajo y otros entes, con el propósito de luego votarlo en primer debate.

La intención de este proyecto de ley es que se modifiquen los requisitos de los oferentes de crédito sobre todo de las asociaciones solidaristas, las cooperativas y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

El diputado liberacionista, David Gourzong, destacó que se vienen a corregir algunos defectos «que quedaron a la Ley de Usura como una garrapata» y que ahora las personas que pertenecen a las asociaciones solidaristas y cooperativas no pueden pedir préstamos, así como del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

“Los patronos no podrán discriminar ni dejar de aplicar las deducciones al salario de las cuotas debidamente autorizadas previamente por el trabajador, para el pago de las operaciones financieras de crédito voluntariamente contraídas por éste o para el pago de su afiliación y ahorros en organizaciones sociales,  cuyo fin no es el lucro y entidades del Sistema Financiero Nacional, respetando el derecho y la libertad de contratación y de asociación del trabajador”, enuncia el proyecto de ley. 

También, Erick Rodríguez, diputado independiente, presentó una moción para que la iniciativa sea consultada a todas las asociaciones solidaristas, pero fue rechazada. 

Gourzong afirma que la medida tomada por el Poder Legislativo afectó a cerca de 600 mil personas de todo el sistema financiero nacional.

“Los artículos que se corrigen no eran parte del texto original, y crearon una serie de confusiones en la aplicación de la ley. Estamos conscientes de la necesidad de corregir la ley en ese aspecto para garantizar que personas con bajos salarios tengan opciones de crédito para cumplir sus objetivos”, indicó el Diputado Welmer Ramos, uno de los proponentes.

El legislador aclaró,  además,  que los dos artículos corregidos no tienen relación alguna con los límites a los tasas de interés que se aprobaron recientemente para préstamos y tarjetas.

La ley de usura ha cumplido su función de combate los excesos que perjudicaban a las personas consumidoras y sus familias.