- Se han presentado otras quejas por mal trato o deficiencia en servicios de Salud
Redacción- Un total de 5929 denuncias por problemas de acceso y transferencia monetaria del Bono Proteger ha recibido la Defensoría de los Habitantes este 2020.
Según información que esta cartera facilitó a AM Prensa, esa cantidad de personas ha acudido a esta instancia para solicitar la intervención de sus casos.
Los datos que proporcionó la Dirección de Planificación de la Defensoría, se enmarcan dentro del periodo que se extiende desde marzo a setiembre de este 2020.
Denuncias por problemas en las transferencias de este bono no son las únicas que recibió la entidad en ese mismo periodo.
Entre otras quejas, destacan:
- Denegación, deficiencia o mal trato en la prestación del servicio de salud: 2237 solicitudes de intervención.
- Dilación o negativa injustificada en trámites administrativos: 1651 solicitudes de intervención.
- Problemas en la prestación del servicio de agua potable: 818 solicitudes de intervención.
- Problemas en el cobro del servicio de agua potable: 700 solicitudes de intervención.
CONTRALORÍA ENCONTRÓ GRAVES ERRORES EN DE BONO PROTEGER
Mientras la Defensoría procesa las quejas recibidas en referencia al Bono Proteger, es un hecho que el gobierno de la República falló en establecer procesos de control efectivos en la entrega de Bonos Proteger.
Así lo reveló la Contraloría General de la República, mediante un informe de auditoría publicado este pasado miércoles 28 de octubre.
Estas fueron las deficiencias reportadas:
- Débil gestión de riesgos
- Deficiente identificación de riesgos
- No hay controles de medición sobre el desempeño del programa
Además, se determinó que la plataforma (de empresa privada) empleada para recibir las peticiones de bonos, no cumplió con los parámetros establecidos dentro de esta iniciativa de gobierno.
Es decir, mientras el gobierno, por ejemplo, solicitó una identificación por «jefatura de hogar» por parte del postulante, la plataforma no cumplió con verificar el dato solicitado, pues categorizó a la persona por sexo.
«Para la validación de la documentación de soporte que las personas adjuntan a su solicitud, tales como la cédula de identidad, la declaración jurada y, si corresponde, carta del patrono donde confirma el cambio en la situación laboral del solicitante, no se cuenta con controles, ni automatizados ni manuales, que permitan verificar la cantidad, el tipo y contenido de los documentos enviados junto con cada solicitud.
Adicionalmente, se carece de un mecanismo de asociación de tales documentos con la solicitud correspondiente», añadió la CGR en su informe.
Estas y otras inconsistencias fueron señaladas por la entidad en un amplio informe, en el que explica cada riesgo al cual estuvo expuesta la administración de los fondos y entrega de estos.
