Foto: Julieth Méndez - Casa Presidencial.
  • Sala IV señala que es violación a los derechos de la persona a quien se le declara de esta manera

Redacción- Las municipalidades no tienen ninguna autoridad para declarar a una persona «non grata».

¿Por qué? Porque es inexistente en el ordenamiento jurídico, lo que hace que tenga cero validez más allá de una de carácter moral.

Así lo establece la Sala Constitucional, luego de que en el 2015 ratificara la no existencia de esta figura.

«No hay norma que habilite a las municipalidades a declarar a una persona non grata (sanción material, por ser inexistente en el ordenamiento jurídico).

Ergo, las municipalidades no pueden declarar a una persona non grata», señala la Sala IV.

Para esta cartera, este tipo de «declaratorias» atentan contra los derechos fundamentales de la persona a la cual se le declara «non grata».

«La Sala estima que la declaración de una persona “non grata” constituye en el fondo una amenaza a sus derechos fundamentales, pues ello implica amedrentarlo para limitar el ejercicio de otros derechos, tales como la libertad de expresión, el disfrute del ambiente, su imagen, etc», indica esta cartera.

Este pasado 2 de noviembre, el Consejo Municipal de Puntarenas declaró «Non grato» al presidente Carlos Alvarado, por «mentirle» al pueblo porteño.

En sesión ordinaria, el ente municipal de manera unánime acordó la siguiente decisión:

«Por mentirle al pueblo de Puntarenas al indicar que iba a ser respetuoso de lo que resolviera tanto la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley N⁰ 21.478 “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica” creándole falsas expectativas sobre la reactivación de la Pesca de Camarón, se DECLARA AL SEÑOR CARLOS ANDRES ALVARDO QUESADA Presidente de la República 2018 – 2022 como persona no grata para el Cantón de Central de la Provincia de Puntarenas», dio a conocer la municipalidad porteña en un escueto comunicado de prensa.

Esta declaratoria, por lo expuesto anteriormente, no tiene ningún fundamento jurídico, aunque sí «moral».