Redacción. La diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, aseguró que el tiempo le da la razón y que celebra que el Ministerio Público tenga una investigación abierta contra cinco sospechosos por el negocio de las tobilleras electrónicas.
“Este fue un negocio turbio y lleno de irregularidades desde el principio y así se lo he hecho saber en múltples ocasiones a la Ministra de Justicia», destacó.
Segreda advirtió que “lo sucedido con esos dispositivos no solo fue un acto de
irresponsabilidad absoluta sino una sucesión de hechos sobre los cuales se deben sentar
las responsabilidades civiles y penales”.
Cuestionó que el Ministerio de Justicia se haya tomado “con ligereza este programa y
algo que pudo haber sido beneficioso para el sistema penitenciario terminó siendo un
dolor de cabeza. Dado el pésimo manejo y todas las inconsistencias en el otorgamiento
de tobilleras electrónicas propuse hace meses que se suspendiera de forma inmediata e
indefinida el otorgamiento de nuevos dispositivos y que se revaloren los casos actuales,
pero la ministra Fiorella Masis se hizo de la vista gorda”.
Este nuevo señalamiento, se da por un supuesto tráfico de influencias que está siendo
investigado por el Organismo de Investigación Judicial y que fue asignado en la Fiscalía
de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Floria Segreda llamó la atención, eso sí, de que hasta el momento no se haya implicado a ningún funcionario del Ministerio de Justicia en la investigación que se realiza.
“Desde el principio todo ha estado mal y sigue mal, a todas las deficiencias que tienen el
programa y al riesgo que representa para la sociedad ahora se suma que hay una
investigación por anomalías en todo el proceso de adjudicación. Costa Rica tiene un
sistema penitenciario que está en crisis, hacinamiento, tráfico de drogas, una consumada
red de estafas y si a todo esto le sumamos que este tipo de programas alternativos están
manoseados por politiquerías”, reclamó la congresista.
