Minor Solis/Asamblea Legislativa.

Redacción.   Los legisladores llevan hasta este momento contabilizados 43 mociones aprobadas al proyecto de ley 21.336 Ley Marco de Empleo Público que presentaron todas las fracciones legislativas a la Comisión de Gobierno y Administración.

Uno de los cambios más importantes es devolverle la rectoría a la Dirección General del Servicio Civil y crear el Sistema General de Empleo Público compuesto por el Mideplan y los departamentos de Recursos Humanos de las instituciones amparadas en esta nueva legislación.

Después, se modificaron los artículos 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 26, 27, 30, 32, 33 y 35 y 36 los Transitorios II, IV, y XIV y refuerza la creación del Sistema General de Empleo Público y que la rectoría la tiene la Dirección General Servicio Civil.

Esta moción también define cuáles instituciones son las encargadas de delimitar la escala de salario global de las altas jerarquías y otras personas servidoras públicas.

También, se modificó el artículo 14 del proyecto para que los diputados brinden  la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como principios para el reclutamiento y la selección de personal en las diferentes instituciones.

Se agrega que mediante un reglamento se definirá la periodicidad de la evaluación de la alta dirección pública en las instituciones.

Se elimina el inciso c) del artículo 119 y en el artículo 20 que agrega en las Causales de Despido sin Responsabilidad Patronal el que por obtener dos evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del 70%, que se encuentren en firme, una vez agotado el procedimiento de impugnación de la calificación se podrá despedir al funcionario.

Además, señala que dicha calificación deberá ser debidamente justificada por la jefatura inmediata que la asigne y por la autoridad jerárquica que la confirme, en caso de haber sido recurrida.

Los cambios también  establece que debe respetarse la carrera administrativa para las personas servidoras públicas, con la finalidad de garantizar la optimización, permanencia, promoción y excelencia del talento humano en la función pública.

Las calificaciones anuales constituirán antecedente para sugerir recomendaciones relacionadas con el mejoramiento y el desarrollo de los recursos humanos.

Se elimina del proyecto de ley en discusión los incentivos no monetarios.