Redacción.   Seis diputados de diferentes fracciones votaron a favor y únicamente Carolina Hidalgo, del partido oficialista,  en contra, el informe de la Comisión Investigadora de la UPAD.

Solicitan al Ministerio Público que se investigue a Carlos Alvarado, presidente, Víctor Morales, ex ministro de la Presidencia y a Luis Daniel Soto, por el presunto delito de falsedad y por firmar un documento inconstitucional.

Además, a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, por el delito de perjurio y a Elizabeth Mora, directora de la Prohab, por incumplimiento de deberes.

La diputada, Silvia Hernández, presidenta de la Comisión,  dejó claro que el decreto era  inconstitucional y que se llevó a cabo sobre supuestos falsos.

También, quedó demostrado que la idea de la UPAD fue del presidente de la República y que al día de hoy, las y los costarricenses no sabemos dónde está la información de los datos sensibles al que tuvieron acceso los asesores presidenciales.

Los congresistas recomendaron rescindir cualquier convenio o contrato de confidencialidad con datos sensibles de los habitantes dentro de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia.