Redacción. Seis diputados de diferentes fracciones votaron a favor y únicamente Carolina Hidalgo, del partido oficialista, en contra, el informe de la Comisión Investigadora de la UPAD.
Solicitan al Ministerio Público que se investigue a Carlos Alvarado, presidente, Víctor Morales, ex ministro de la Presidencia y a Luis Daniel Soto, por el presunto delito de falsedad y por firmar un documento inconstitucional.
Además, a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, por el delito de perjurio y a Elizabeth Mora, directora de la Prohab, por incumplimiento de deberes.
La diputada, Silvia Hernández, presidenta de la Comisión, dejó claro que el decreto era inconstitucional y que se llevó a cabo sobre supuestos falsos.
También, quedó demostrado que la idea de la UPAD fue del presidente de la República y que al día de hoy, las y los costarricenses no sabemos dónde está la información de los datos sensibles al que tuvieron acceso los asesores presidenciales.
Los congresistas recomendaron rescindir cualquier convenio o contrato de confidencialidad con datos sensibles de los habitantes dentro de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia.