Federico Lizano González
Presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios
La Cámara de Insumos Agropecuarios manifiesta su oposición a la ratificación del denominado Acuerdo de Escazú, que obliga a implementar en la legislación nacional una serie de medidas dirigidas a asegurar el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia, en los asuntos ambientales, dejando de lado nuestra soberanía nacional.
El Acuerdo excede el marco normativo en el que debe basarse, ampliando de forma indebida la cantidad de responsables del depósito y la divulgación de la información a cualquier particular. Además, contiene términos amplios y ambiguos como lo es la definición del derecho al acceso, confundiendo el derecho de acceso a la información y el de la participación ciudadana.
El texto del Acuerdo es desequilibrado y sesgado, le otorga el reconocimiento a grupos o personas (de cualquier país) que promueven el ambiente, la mayoría de los cuales son radicales y podrían bloquear el uso de nuevas tecnologías de producción o incluso poner en riesgo las inversiones en infraestructura en el país, basados en el principio precautorio o aduciendo que va en detrimento del ambiente y sin necesidad de sustento técnico alguno.
El Acuerdo de Escazú afectaría seriamente la necesaria recuperación económica del país.
Considerando y reconociendo que nuestro país cuenta con una Ley Orgánica del Ambiente (Ley No. 7554), que cede al Estado y a los ciudadanos de los instrumentos necesarios para generar responsabilidad, en un marco de participación y educación ambiental, incluidos el acceso a la información de manera oportuna y la participación en la gestión ambiental en los procesos de toma de decisiones, es que consideramos que no es conveniente ratificar el Acuerdo de Escazú, en aras de proteger nuestra soberanía nacional y dotar de seguridad jurídica a las actividades económicas del país.
La Cámara de Insumos Agropecuarios reitera su oposición al Acuerdo de Escazú y le solicitamos al Gobierno de la República que desconvoque el proyecto de ley de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
