Rodolfo Hernández Gómez
Exdirector Hospital Nacional de Niños
Como ex director médico, como ex candidato presidencial, pero principalmente como ciudadano, es mi deber pronunciarme sobre las tres propuestas que pretende implementar la Caja Costarricense de Seguro Social, en relación con el Régimen de Pensiones; pero no solo quiero expresar mi disconformidad, concordando con la mayoría de los costarricenses, sino que me he permitido sugerir otras acciones, menos duras, menos desfavorables para la clase trabajadora.
No sorprende la preocupación relacionada con la sostenibilidad de dicho sistema, el más grande, el más importante y único para los ciudadanos que no se benefician de los otros regímenes de lujo y gollerías.
Reconozco la situación del IVM, pues se ha insistido en sus problemas de flujo de caja y en que su funcionamiento colapsará a mediano plazo, identificándose la disminución del número de trabajadores que cotiza por número de pensionados y el cambio de la pirámide poblacional con un número creciente del porcentaje de personas de la tercera edad, consecuencia del aumento de la expectativa de vida de los ciudadanos, lo que aumenta el número de jubilados.
Pero pretender aumentar 50% en la cotización obrera, subir la edad para pensionarse e irónicamente, disminuir el monto de la jubilación a un 45% al momento del retiro, son medidas duras y desconsideradas, pues solo reflejan la intención de pasar a los trabajadores, la responsabilidad de las malas o tardías acciones de los encargados de la gerencia de pensiones por varias décadas.
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Mi participación en reuniones de discusión del IVM, junto al Dr. Carlos Contreras, actuario mexicano invitado por el CIESS (Instituto Iberoamericano de Estudios de la Seguridad Social) me dan autoridad para opinar sobre este tema y a la vez, plantear otras soluciones, que amortigüen o eviten que todo el peso recaiga sobre los trabajadores.
Mi propuesta es la siguiente:
A) Permitir a la CCSS efectuar sus inversiones a valor real y que no se le tome como la caja chica del gobierno.
B) Si se aumentara la cotización laboral (ante el riesgo de empobrecer a los cotizantes), deben considerarse las variables: rango de edades, ingresos, estado civil, cantidad de hijos, tener presente que no se empobrece en edades tempranas y se recarga más sobre aquellos que generan más.
C) Implementar políticas nacionales para aportar dinero a la CCSS, a través de los impuestos generales.
D) El Estado debe pagar las deudas que tiene con la institución.
E) Encontrar nuevas formas de pago para las empresas que inician y para los grandes deudores de la Caja.
F) Ver la solución al problema siempre con la contribución tripartita, no sólo el obrero, sino también el patrón y el estado.
Por supuesto, debe existir la anuencia al diálogo, siempre y cuando participen en las negociaciones profesionales con conocimiento del tema, con ideas factibles y claras. Porque seguir lloviendo sobre mojado no es la solución, es patear la bola.
En una mesa de discusión sobre este tema tan delicado, son varios los puntos que deben tomarse en cuenta. En primer lugar, la situación demográfica y económica de nuestro país.
Como lo mencioné previamente, la pirámide poblacional se ha volcado de forma tal que los contribuyentes o personas que se encuentran laboralmente activas y cotizando para el IVM, es cada vez menor en comparación con las personas que gozan de los beneficios de la pensión.
Por otro lado, hay que valorar las cargas administrativas y rentabilidad, es de común sentir que las cargas salariales y administrativas del IVM son elevadas, porque al estar circunscritas dentro del modelo de institución pública, ciertos derechos y beneficios financieros recargan los costos de administración sobre una maltrecha rentabilidad del fondo. Debe existir nuevos planteamientos en la cartera de inversión, ejemplo de esto es que no se aprecia a valor real de mercado la inversión en bonos, es decir, no somete sus inversiones a que sean valoradas con un precio verdadero según el mercado bursátil, lo cual da cabida a que no se juzgue la calidad de las inversiones realizadas, más allá de sus pagos periódicos o de pérdidas o ganancias realizadas a la hora de vender un título.
También hay que valorar el contexto político y económico, la Junta Directiva de la CCSS tiene la potestad absoluta de aumentar o disminuir aportes obligatorios, como se está proponiendo en este momento, pero la implicación de estas decisiones tiene repercusiones económicas en los ingresos de los trabajadores, con una disminución en la capacidad adquisitiva de los contribuyentes, lo que conlleva a que los productos, que no sean de primera necesidad se van a ver afectados.
Una reflexión final, este tema no se debe ver aislado, se debe continuar el camino para controlar las pensiones del Magisterio y las del Poder Judicial. No es justo ni moral que existan personas con pensiones millonarias que no cotizaron por ellas y que el sistema judicial lo permita.
Espero que los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social y los diputados, lean mi artículo y mediten en estas y otras soluciones factibles que no castiguen a los trabajadores, por los errores administrativos del pasado.
