Redacción- El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) dar respuesta a la solicitud presentada por la Defensoría de los Habitantes para que se dicte el acto final y definitivo de la propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles.
La Defensoría presentó un amparo de legalidad en razón de que la ARESEP no ha resuelto la gestión planteada, por este ente defensor y demás interesados, ante la audiencia pública convocada por la Autoridad Reguladora para exponer: “La propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”.
Por eso, Defensoría procedió a presentar en tiempo y forma, el día 20 de noviembre del año 2020, su posición oficial sobre dicha propuesta y al día de hoy no ha recibido respuesta.
En el auto de traslado del amparo de legalidad, el Tribunal Contencioso Administrativo concede el plazo de 15 días hábiles para que la Aresep resuelva el reclamo presentado por la Defensoría.
La Defensoría sustentó su gestión ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el interés público de obtener la eventual resolución administrativa de la propuesta de modificación del modelo tarifario.
Lo anterior para fijar el precio interno de los combustibles, que venga a ajustar la fórmula preestablecida, con el fin de incorporar los datos de los costos reales de importación de combustibles derivados de los hidrocarburos, en los que incurre RECOPE, en lugar de los precios de referencia, los cuales crean como distorsiones en la metodología vigente que perjudican al usuario final mediante el encarecimiento en los precios de los combustibles.
“Esta Defensoría confía en que la Aresep atienda la orden del juez y resuelva la propuesta de modificación del modelo tarifario, para fijar el precio interno de los combustibles. Esperamos que este acto final venga a ajustar la fórmula preestablecida, incorporando los datos de los costos reales de importación de combustibles derivados de los hidrocarburos, en lugar de los precios de referencia, los cuales perjudican al usuario final”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.