Redacción- Diferentes funcionarios de 14 instituciones públicas se prestaban para favorecer a constructoras a cambio de recibir beneficios como vehículos, terrenos, viviendas, dinero y todo tipo de ventajas.
De acuerdo con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, los involucrados son personas que tenían a cargo de sus funciones, la elaboración del presupuesto del mantenimiento y construcción de la obra pública vial.
También, son los que elegían los ganadores de los concursos para otorgar las licitaciones a un grupo de constructoras que ahora mantienen un monopolio.
Además,realizaban los presupuestos con sobreprecios, lo que obligaba a que los ticos pagarán más a las construtoras por las intervenciones viales.
Por ello, las personas a detener este lunes en un importante operativo van desde los altos a medios mandos del gobierno.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la fiscalía allanan 57 diferentes lugares, entre ellos, 14 instituciones del gobierno como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Casa Presidencial y Consejo de Transporte Público (CTP), entre otras.
Las otras intervenciones se realizan en empresas privadas relacionadas con los ilícitos que se indagan y 21 casas de habitación de personas que se aprovecharon de sus circunstancias laborales en la función pública para aceptar sobornos y dar ventajas a las empresas privadas.
En la operación, las autoridades esperan detener a 33 personas que sirven al país, así como a representantes de empresas importantes.
Se les investiga por los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, asociación ilícita, estafas, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Todos los delitos se cometieron por personas relacionados con la construcción de obra pública y mantenimiento red vial.
Las pesquisas iniciaron en el 2018 cuando una serie de personas acudieron a denunciar un grupo de funcionarios que trabajaban en el CONAVI y que irregularmente favorecían a empresas a cambio de beneficios en el ámbito de la construcción, mantenimiento y desarrollo de carreteras.
Las empresas relacionadas son las que tienen el monopolio de las construcciones y ganaban las licitaciones que se exponían en el gobierno, porque contaban con los funcionarios que les daban beneficios irregulares.
«Investigamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías, un esquema de pagos dirigidos a funcionarios publicos, que fueron patrocinados por empresas privadas para lograr ventajas ilegales», señaló Espinoza.
Posteriormente, tras investigar lograron una declaratoria del crimen organizado que les permitió acceder a herramientas de trabajo que no se utilizan cuando se abordan delitos de corrupción y pudieron verificar que habían relaciones, contactos indebidos, vinculaciones irregulariales y cómo hipótesis existen pagos a cambio de ventajas de determinadas personas y empresas.
Esta estructura criminal traía grandes consecuencias al país por sobreprecios en las construcciones.
En el vídeo adjunto las declaraciones del operativo:
