- Funcionarios públicos habrían facilitado las adjudicaciones
Redacción- La Fiscalía General de la República acusa a las constructoras MECO y H Solís de tener un pacto con el fin de repartirse los multimillonarios contratos de obras viales.
Firmas que desde 2016 hasta el pasado 2020 se han repartido $250 millones anuales, elevado monto que prácticamente se ha ido 50-50 para cada una.
Dinero recibido para que se encarguen de trabajar más de 5,000 kilómetros de red vial que se encuentra pavimentada en el país.
Adjudicaciones que habrían recibido con la colaboración de algunos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Información que estaría detallada en el expediente del llamado «Caso Cochinilla» y que el diario La Nación ha dado a conocer por partes.
Documento en el que se se mencionan varios contratos que firmó el estado con alguna de estas constructoras para que asumieran proyectos de gran relevancia.
No obstante, por ejemplo en la licitación 18 que detalla el expediente se le dio a la firma H Solís, pese a que su oferta sería más grande que una presentada por Grupo Orosi.
El acuerdo entre el Estado y esa constructora habría sido facilitada por Barth Ramírez, quien habría aprovechado su cargo para favorecer a la mencionada firma.
Los documentos del «Caso Cochinilla» hablan de unos posibles 78 mil millones de colones que se podrían haber ahorrado en caso de tener un mejor control de los fondos públicos.
Pero que se habrían ido en adjudicaciones más costosas para el país y que las constructoras H Solís y MECO habrían sido las beneficiadas, causando un hueco económico.
- Con información de: La Nación
