Redacción. Los diputados aprobaron con 43 votos a favor el informe de Papeles de Panamá que tiene más de tres años durmiendo el sueño de los justos en el Plenario.
El informe presentado en el 2017, señala una serie de recomendaciones dentro de las que están la implementación de la renta global, además, de reformas al Código de Comercio y Reformas al Código Tributario y mayores controles judiciales en temas de legitimación de capitales.
María José Corrales Chacón, jefa de fracción del PLN, dijo que en el caso de la renta global, el documento establece que Costa Rica deberá pasar en algún momento a tener un sistema de este tipo, no solo porque es la tendencia internacional, sino porque es más simple el pago del impuesto para el contribuyente, porque no separa cada renta con tasas diferentes, sino que tributa sobre todo lo que recibe a una tarifa única.
También plantea reformas al delito de legitimación de capitales, para que se modifiquen las penas “La pena será de diez (10) a veinte (20) años de prisión, cuando los bienes de interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores, sustancias químicas esenciales y delitos conexos, conductas tipificadas como terroristas, de acuerdo con la legislación vigente o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones terroristas”.
La diputada Yorleny León Marchena afirmó que a pesar de los atrasos en la discusión del informe se ha venido trabajando en cambios en el impuesto sobre la renta, para la lucha contra el fraude fiscal.
El legislador oficialista Welmer Ramos González señaló que la investigación de los Papeles de Panamá reveló que muchas empresas sacan sus dineros fuera del país para no pagar impuestos y esto es “gravísimo”.
Para el congresista del Frente Amplio José María Villalta Florez-Estrada la investigación de los Papeles de Panamá reveló como las élites económicas usan los paraísos fiscales para evadir los impuestos y afectar la hacienda pública, situación que debe ser vigilada.
