• Cámara abrió proceso contra estas empresas afiliadas

Redacción – Las compañías investigadas por aparente vínculo con actos de corrupción en el caso “Cochinilla”, podrían enfrentar sanciones establecidas por la Cámara de Construcción.

La Junta Directiva acordó, de manera unánime, convocar a su consejo consultivo con el fin de analizar los casos particulares de empresas y así tomar las medidas necesarias que correspondan.

Estas sanciones pueden ser desde una suspensión mientras se realiza el proceso judicial, hasta la expulsión definitiva de la cámara, según sea el caso. 

“La Cámara representa a casi 500 empresas formales del sector construcción que día a día hacen un verdadero esfuerzo por generar empleo a más de 238.000 personas. Ese mismo esfuerzo, también se enfoca en promover el desarrollo del país, por lo que de ninguna manera permitiremos que el bueno nombre de nuestro sector, se vea manchado por el comportamiento impropio e ilegal de unos pocos empresarios”, manifestó el director Randall Murillo.

“Que se castigue con todo el peso de la ley” es parte de lo que solicita la Cámara en caso de que se comprueben los actos de corrupción.

Funcionarios de Conavi y de constructoras son investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público debido a aparentes casos de corrupción durante los procesos de contratación.

En apariencia, los trabajadores públicos recibieron sobornos y dádivas como viajes, carros, terrenos, casas y hasta favores sexuales a cambio de las licitaciones para obras viales a nivel nacional, así como acuerdos de pago y otros beneficios, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

Los imputados son sospechosos de estafar al Estado con ₡78 mil millones y entre las compañías investigadas están H. Solís y MECO.

Específicamente se investigan por los delitos de cohecho propio, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos y estafa en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios del MOPT, Conavi y Ministerio de Hacienda, así como los trabajadores de las constructoras.