• Solo tres reciben un salario menor a ₡1 millón
  • Uno renunció al Conavi poco después de ser detenido

Redacción – Los funcionarios públicos investigados en el caso «Cochinilla», habrían participado de los actos de corrupción mientras la mayoría recibía jugosos salarios que aún mantienen, según datos proporcionados por las respectivas instituciones.

De los 14 imputados, solo tres reciben un salario menor a ₡1 millón. Los demás, van desde ₡1 millón 477 mil hasta ₡2 millones 275 mil, de acuerdo con la información del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Ellos fueron detenidos en los allanamientos efectuados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Anticorrupción, quienes además se liberaron con medida cautelar del suspensión de cargo.

Los colaboradores de Conavi continúan con goce de salario pese a la suspensión, mientras que en el MOPT no se ha definido, por lo que también continúan con el pago.

La mayoría de los investigados laboran directamente para Conavi y hay dos que dejaron sus puestos. El primero fue May Cantillano, quien se fue desde el 15 de julio del 2018 y, actualmente, se desempeña como gerente de Servicio Civil 1 en el MOPT con el salario más alto.

El segundo fue Rivera Campos, quien renunció el 18 de junio de este 2021, pocos días después de los 57 allanamientos donde resultó detenido.

Fuente: Oficina de prensa Conavi
Fuente: Oficina de prensa MOPT
Los colaboradores de ambas instituciones son investigados por aparentemente estar involucrados en el caso de corrupción «Cochinilla» dentro del Gobierno y en complicidad con empresas constructoras.
Se presume que cometieron, entre otros, el delito de estafa al Estado por ₡78 mil millones. 

Los otros delitos que aparentemente habrían cometido todos los imputados del caso son: cohecho propio, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos.

Supuestamente, algunos de estos funcionarios recibieron dádivas y sobornos a cambio de favorecer facturas y los pagos hacia empresas constructoras como H. Solís y MECO durante las licitaciones para obras públicas.