Redacción- En la primera sesión realizada por la comisión que investiga el caso Cochinilla, los diputados se enteraron que hay un conflicto de intereses.
En la primera comparecencia, el director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Alejandro Navas, constató existe un claro conflicto de intereses entre constructoras y laboratorios en la ejecución de los proyectos viales del país.
Navas, mencionó que existe sobrada evidencia de que la misma empresa que se encarga de construir, también realiza el posterior proceso de conservación de la obra.
“Es un conflicto de intereses evidente”, reconoció ante una consulta del diputado Jonathan Prendas, de Nueva República, pues el mismo que construye, luego repara, y se le paga “por lo mismo”.
También, el experto de Lanamme aseguró que ocurre una situación similar con otras empresas.
Navas explicó que hay laboratorios de autocontrol –contratadas por las constructoras como parte de sus propios procesos operativos- que también podrían fungir como laboratorios de verificación de calidad para supervisar otros proyectos y podrían llegar a autofiscalizarse.
Lanamme también asegura que las autoridades del MOPT o Conavi archivan los informes sobre obras públicas que ellos les proporcionan sin acatar todas sus observaciones. Navas mencionó que la administración es la encargada de exigir calidad a las empresas y por tanto es responsable por la construcción.
Por eso, además se confirmó que sí hubo un incumplimiento de deberes del ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, y del director de Conavi, Mario Rodríguez.
