- Proyecto de ley fue propuesto por el Poder Ejecutivo
Redacción – Prohibir la participación de empresas involucradas en actos de corrupción, como MECO y H. Solís en el caso «Cochinilla», es parte de la propuesta del Poder Ejecutivo en un nuevo proyecto de ley.
Aunque la iniciativa no hace referencia específica a las dos empresas antes mencionadas, está más que claro que se plantea en el marco de las investigaciones por el mayor caso de corrupción en obras públicas de los últimos años: Cochinilla.
Se trata de la propuesta «Ley de medidas preventivas en la actividad contractual promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental».
Y es que, además, la prohibición aplicaría para todas las compañías vinculadas en corrupción dentro de los procesos de contratación del MOPT y sus órganos desconcentrados.
Lo anterior significa que no podrían participar, de forma directa ni indirecta, en nuevas contrataciones con ese ministerio o alguno de sus órganos.
Tanto las personas físicas como jurídicas que tengan medidas cautelares fijadas por una autoridad judicial, quedarían fuera de estos procesos.
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¿Cómo funcionaría?
Si el vínculo con los actos de corrupción es posterior a la fecha de la presentación de la oferta, esta será archivada y la garantía de participación será devuelta al oferente respectivo.
En el caso de contratos ya otorgados, serán aplicables las medidas precautorias que disponga el ordenamiento jurídico.
«El proyecto busca garantizar la transparencia de los procesos de contratación pública que promueve el MOPT y evitar que se otorguen nuevos contratos a personas físicas o jurídicas que no resultan ser contratistas idóneos, dado que las eventuales consecuencias de procesos judiciales en curso, pueden comprometer la eficiente y eficaz ejecución de los contratos», dice el comunicado oficial del Ejecutivo.
El proyecto es promovido por el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, y apoyada por el Presidente de la República, Carlos Alvarado.
La Administración deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que la ejecución contractual sea conforme con el marco contractual y normativo aplicable, y ordenará la no participación en la ejecución contractual de las personas físicas con medidas cautelares.
