Redacción- De cara al proceso de renovación de las concesiones actuales de los servicios de autobuses que estaría generándose en setiembre del presente año, a la Defensoría de los Habitantes le preocupa que se violen los derechos de las y los habitantes; en particular, lo relacionado con el Derecho al Desarrollo.

La Defensoría ha dado un seguimiento puntual y permanente a las principales estrategias de modernización que ha planteado el Poder Ejecutivo para el servicio de autobús, a saber: el Proyecto de Sectorización, la ruta crítica y planes del Estado ante el vencimiento de las actuales concesiones del servicio y la puesta en práctica del Sistema de Pago Electrónico.

En el contexto de ese seguimiento, la Defensoría recibió una solicitud de intervención de un habitante que manifestó su preocupación por una posible concentración de concesiones y permisos para operar el servicio en manos de pocos operadores, en contra de las disposiciones de ley vigentes.

Esto por cuanto el Consejo de Transporte Público emitió y sometió a consulta de los interesados un “Lineamiento para la constitución y aplicación de consorcios operativos de acuerdo con el artículo 14 de la ley N° 3503”.

 Se ha advertido que algunas disposiciones del lineamiento podrían ser contrarias a la normativa vigente en relación con monopolios y prácticas anticompetitivas o podrían tener consecuencias no deseables desde esa perspectiva.

Al respecto, la Defensoría solicitó colaboración técnica y criterio a la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), instancia competente para fiscalizar, investigar y denunciar posibles prácticas anticompetitivas y el eventual establecimiento de monopolios en los mercados.

COPROCOM debe emitir su criterio para la mejor regulación de la actividad del transporte público, analizar y pronunciarse respecto al “Lineamiento para la constitución y aplicación de consorcios operativos de acuerdo con el artículo 14 de la ley N° 3503”, cuyo plazo para observaciones vence el próximo 11 de agosto. La Comisión informó a la Defensoría que ya se encuentra haciendo el análisis respectivo.

También, la Defensoría puso en conocimiento de la Comisión información remitida por habitantes como ejemplos de posibles prácticas anticompetitivas o concentraciones irregulares, de conformidad con la normativa vigente.