Redacción-La Fiscalía Anticorrupción solicitó como medidas cautelares la suspensión del cargo a los seis alcaldes involucrados en caso Diamante.
De acoger la medida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, los alcaldes que quedarían suspendidos son Johnny Araya Monge, de San José, Mario Redondo, de Cartago, Alfredo Córdoba Soro; de San Carlos, Humberto Soto Herrera, de Alajuela, de Osa, Alberto Cole De León y el de Escazú, Arnoldo Barahona Cortés.
Según la Fiscalía, esta última medida se consideró sumamente importante porque el puesto de Alcalde es un cargo de elección popular, que, en el caso particular, aparentemente, fue utilizado para el ejercicio de acciones delictivas.
Al estar fuera de esas funciones públicas, y con otro tipo de medidas cautelares, se evitará la continuación delictiva.
También se les pidió impedimento de salida del país, firmar cada mes, e impedimento de acercarse a los testigos y a las municipalidades.
Las mismas medidas cautelares las pidieron para los otros cuatro funcionarios municipales, identificados como Boraschi González, Funcionario Municipalidad de Escazú, Chacón Ugalde, Funcionario Municipalidad de Alajuela, Suárez Vásquez Funcionario Municipalidad de Golfito, y Mayorga Mayorga, Funcionario Municipalidad de Golfito.
Por su parte, para el único que pidieron prisión preventiva fue para el empleado de MECO de apellidos Gutiérrez Vargas, por considerarse que es el elemento corruptor de la organización, y por ser también imputado en la causa 19-0025-1218-PE.
Para el empresario de la Empresa Explotec, de apellido Cruz Porras, le solicitaron impedimiento de salida del país, firmar cada mes e impedimento de acercarse a testigos.
Operación Diamante
Se investiga esta organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública.
Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades.
Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
