Redacción-Son 14 son funcionarios de El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), los sospechosos de asesorar a cambio de dinero a otras 13 personas particulares para que pudieran ganar licitaciones de obras públicas.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anunció ante los allanamientos que la figura empleada en las contrataciones irregulares fue la de “fondos de trabajo”, que se emplean para actividades de mantenimiento o atención de emergencias.
El caso en investigación inició hace dos años y se basó en contratos directos realizados por una oficina regional con dos empresas que se presumen ligadas a un grupo narcotraficante.
Natalie Montiel, subgerente de Sistemas Periféricos, explicó que “los Fondos de Trabajo son las instancias administrativas de contratación que tienen las oficinas regionales para contrataciones de escasa cuantía, por debajo de los 150 millones de colones, lo que permite que puedan operativizar el servicio, especialmente, cuando se enfrentan emergencias y la reacción debe ser inmediata”.
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Sin relación con proyectos grandes
De acuerdo a la Administración Superior los hechos denunciados no tienen relación con préstamos del AyA con bancos internacionales, que son los que financian la mayor parte de los proyectos que se ejecutan a nivel nacional.
“Esta situación no tiene ningún nexo con los más de 300 proyectos que ejecuta en la actualidad por todo el país, la mayoría financiados con empréstitos facilitados por bancos internacionales”, advirtió el Presidente Ejecutivo del AyA, Tomás Martínez.
Martínez confirmó que tras la intervención realizada por el OIJ y el Ministerio Público en diversas oficinas y en la sede central de AyA, se suministró todo el apoyo requerido por las autoridades judiciales para la recolección de información ligada a la investigación que están realizando.
Tanto la Presidencia Ejecutiva como la Gerencia General han dado seguimiento a las acciones que se desarrollaron en la sede, ubicada en Pavas, donde se requirió información en direcciones como Financiera, Proveeduría y en Tecnologías de Información. Las principales oficinas allanadas fueron las de Puntarenas, Esparza, San Mateo y la de Quepos.
