- Municipalidades funcionan como «enclaves separados» en el caso de corrupción
- Caso no tiene relación con el sonado Caso Cochinilla
Redacción- Tras el estallido del Caso Diamante, el Organismo de Investigación Judicial brindó los primeros detalles.
El director de la policía judicial, Wálter Espinoza, aseguró que el punto central de estos hechos es un grupo criminal conformado por la empresa MECO.
Dicho grupo criminal estaría compuesto por funcionarios de la empresa propiedad de Carlos Cerdas, quien descuenta prisión preventiva por el Caso Cochinilla.
Según detalló el director policial, esas personas del grupo mantienen conexiones, comunicaciones y hace acuerdos con las distintas municipalidades y funcionarios públicos.
«Hay una estructura criminal que es la que está conformada por personas vinculadas con la empresa MECO. A partir de esa hipótesis, se logró establecer que es este grupo quien se acerca, tiene conexiones, mantiene comunicaciones y hace acuerdos con las distintas municipalidades y los diferentes funcionarios públicos que tienen algún tipo de vinculación o posibilidad de determinar acciones en el tema de la licitación publica», dijo Espinoza.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, MECO se acercaba a los funcionarios y les ofrecían los pagos y dádivas a cambio de adelantos en facturas y ayudas en las licitaciones.
«El punto concéntrico de actividad es la empresa MECO, que es la que participa en las licitaciones, la que genera acomodos en los carteles, la que hace sugerencias, la que cancela dádivas. Las municipalidades funcionan como puntos de interés, como áreas en las que se puede obtener dinero más allá del que produciría normalmente una licitación. Podríamos poner en el centro a la empresa y varios satélites que son todas las municipalidades que hemos señalado», informó el director judicial.
Los funcionarios, de acuerdo con las autoridades, recibían favores, construcciones en casas, vehículos, pagos de dinero y más a cambio de dichos trabajos.
Además, el OIJ confirmó que entre las municipalidades no hay conexiones entre sí, por lo que se confirma que únicamente mantenían relación con la empresa.
«Las municipalidades funcionan como enclaves separados. No es que haya conexiones entre la Municipalidad de Osa y la de Cartago, o que haya vínculos de orden criminal entre la Municipalidad de San Carlos y la de Golfito», ejemplificó el director del OIJ.
En el caso Espinoza aseguró que se detectaron diferentes delitos que ahora están bajo investigación.
«Es en este camino donde se detectaron desviaciones, hechos irregulares, incumplimientos de deberes, eventuales falsificaciones cohechos y tráficos de influencias que fueron los que determinaron la realización de estos allanamientos», dijo Espinoza.
Para estas diligencias, las autoridades requirieron de aproximadamente 600 agentes judiciales, así como como 32 fiscales.
Como resultado del operativo se han detenido a 13 personas, seis de ellos alcaldes de diversas municipalidades.
Los alcaldes detenidos en este caso son:
- Johnny Araya Monge, alcalde de San José
- Mario Redondo Poveda, alcalde de Cartago
- Alfredo Córdoba Soro, alcalde de San Carlos
- Alberto Cole De León, alcalde de Osa
- Humberto Soto Herrera, alcalde de Alajuela
- Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú
Las autoridades dirigieron, en total, 40 allanamientos en 80 puntos diferentes de todos el país.
