- Fiscal del caso asegura que «hay una estructura criminal debidamente estipulada»
- Cinco alcaldes y seis personas más fueron detenidas por esta investigación
Redacción- Tras salir a la luz un nuevo caso de corrupción en la licitación y construcción de obra pública, también empezaron a relucir los supuestos pagos a cambio.
Favores, construcciones en casas, vehículos, pagos de dinero y más habrían sido recibidos por alcaldes a cambio de dichos trabajos.
Así lo detalló este lunes el Fiscal Anticorrupción, Glen Calvo, quien asegura que se identificó una «estructura criminal debidamente estipulada».
«Hay una estructura debidamente estipulada. Funcionarios de MECO ejercían los controles necesarios en las licitaciones, dialogaban directamente con alcaldes y funcionarios con el fin de poder influir para la adquisición de licitaciones como para la adquisición de trabajos de coordinación rápida», aseguró Calvo.
«Las dádivas han sido entregadas de manera homogénea. Se daban desde dinero, favores, construcciones en viviendas… La estructura funcionaba como un enlace entre la empresa y los alcaldes», concluyó Calvo.
En el llamado Caso Diamante se investiga a cinco alcaldes y otros funcionarios públicos por recibir dádivas y sobornos.
Los alcaldes detenidos en este caso son:
- Johnny Araya Monge, alcalde de San José
- Mario Redondo Poveda, alcalde de Cartago
- Alfredo Córdoba Soro, alcalde de San Carlos
- Alberto Cole De León, alcalde de Osa
- Humberto Soto Herrera, alcalde de Alajuela
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, MECO se acercaba a los funcionarios y les ofrecían los pagos y dádivas a cambio de adelantos en facturas y ayudas en las licitaciones.
Por estos hechos, además de los cinco alcaldes detenidos, hay otras seis personas que fueron arrestadas por las autoridades.
Además, las autoridades dirigieron allanamientos en ocho municipalidades:
- San José
- Escazú
- Siquirres
- Cartago
- Osa
- Alajuela
- Golfito
- San Carlos
También en las diligencias se intervinieron diversos sitios como las viviendas de los alcaldes involucrados.
Un total de 600 agentes judiciales trabajan en los allanamientos del caso, además como 32 fiscales.
Las diligencias comenzaron a las 7 a. m. y se extenderán por el resto del día en busca de más pruebas.
