- A los otros dos imputados también se solicitó la imposición de medidas
- Contra el alcalde también se pidieron otras medidas cautelares
Redacción- La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la Región Sur solicitó medidas cautelares contra tres sospechosos del delito de peculado.
Se trata del alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas; un un ingeniero jefe de la Unidad Técnica Vial y las Oficinas de Ingeniería y Urbanismo, Fernández Masís; y un profesor del Ministerio de Educación Pública, Fernández Sancho.
Entre las medidas solicitadas, destaca la petición de inhabilitación del cargo de alcalde para Viales por un año.
De igual forma, la Fiscalía solicitó que a Viales se le impidiera la salida del país, firmar cada mes y que se le prohiba acercarse a testigos y a la Municipalidad de Corredores.
Para el ingeniero se solicitaron las mismas medidas, mientras que para el profesor se variaron un poco.
A diferencia de los primeros dos sospechosos, él sí podrá seguir laborando, pero se solicitó impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a testigos y a las instalaciones de la Municipalidad y firmar cada mes.
La audiencia se desarrolla con las partes procesales en los Tribunales de Corredores, y el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública en los Tribunales de Goicoechea.
Hechos investigados
Según la FAPTA, a los imputados se les vincula con la reparación de un camino privado y la construcción de un puente de vigas en propiedad privada con fondos e insumos municipales.
En la investigación se busca determinar si los funcionarios públicos recibieron o no una dádiva indebida por dichas construcciones, por parte de una persona investigada, quien es de apellidos González Hernández y descuenta prisión preventiva.
Los imputados fueron detenidos ayer, en sus casas de habitación, luego de un total de 12 allanamientos en distintos sitios.
Durante los allanamientos serecolectó prueba para agregar al expediente 21-000007-1775-PE, en el que se investigan los hechos.
Las pesquisas buscan determinar si los funcionarios públicos recibieron o no una dádiva indebida por dichas construcciones.
