- Organización fue desarticulada este jueves tras diligencias en CR y Panamá
- Hasta el momento se han detectado 14 víctimas menores de edad
Redacción- Un costarricense lideraba una organización internacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual de menores de edad.
Así lo confirmó este jueves la la Policía Profesional de Migración, luego de una serie de diligencias que permitieron desarticular la estructura criminal.
El hombre fue detenido como parte de una operación internacional en conjunto con la Policía de Panamá, que también detuvo a otras dos personas.
Se trata de dos madres, quienes ofrecían a sus propias hijas y sobrinas para que fueran explotadas sexualmente.
La investigación inició en el mes de diciembre de 2021, ante una denuncia recibida en el Ministerio Público de Panamá.
Como parte de las acciones, se dirigieron 11 allanamientos de forma simultánea, 4 de ellos en Costa Rica y 8 en Panamá.
Hasta el momento se han detectado 14 víctimas menores de edad en Panamá.
De acuerdo con las autoridades, el costarricense fue identificado como de apellidos Ulate Picado en su casa de habitación, ubicada en Barrio San Jorge de Paso Canoas.
Además, los otros puntos allanados en el país fueron un taller mecánico ubicado en Laurel de Paso Canoas, propiedad de Ulate Picado y de una vivienda cercana al puesto de control del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRON) de Panamá, en Laurel, Paso Canoas.
El imputado será presentado en los Tribunales de Justicia de Corredores y enfrentarán cargos por el delito de Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual.
Modo de operar
Las operaciones de la organización criminal, integrada por cinco personas, se establecían en Paso Canoas, Corredores, Puntarenas, y Panamá.
Ulate Picado, se encargaba de coordinar con las miembros de nacionalidad panameña, el cruce de frontera y el ingreso a Costa Rica.
Tras eso, las víctimas eran trasladadas desde suelo panameño al límite fronterizo entre Costa Rica y Panamá, donde el tico recibía y trasladaba a las víctimas hacia el taller mecánico o la vivienda en Corredores.
En dichos sitios, las autoridades confirmaron que se daban los abusos sexuales de las personas menores de edad y se grababa material con contenido pornográfico.
Según Migración, Ulate contactaba a los demás miembros que operaban en Panamá, quienes ofrecían a sus propias hijas y sobrinas para los hechos.
En Panamá, las mujeres se encargaban, también, de contactar otras madres de personas menores de edad para someter a sus propias hijas a los actos de explotación sexual a cambio de una remuneración económica.
Trascendió que el pago que se realizaba rondaba entre los treinta a cien dólares, atentando contra los derechos, integridad física psicológica y emocional de las víctimas.
