Foto: Roberto Carlos Sánchez - Casa Presidencial.
  • Becados no tienen funciones relacionadas a la lucha contra el tabaquismo

Redacción-Los diputados de la Comisión Control de Ingreso y Gasto Público ordenaron abrir una investigación sobre el uso “Piñata” de fondos públicos por parte del Ministerio de Salud, con los recursos que recibe de la Ley General de Control de Tabaco, Ley No. 9028.

La Auditoría Interna de Ministerio de Salud número MS-AI-13-2022, dada a conocer por un medio de comunicación, reveló que la Dirección de Vigilancia de Salud, otorgó una serie de becas sin potestades, sin controles y a funcionarios que no están relacionados con funciones que establece esa ley.

Entre el 2014 y 2018, 56 funcionarios recibieron estas becas para cursar la Maestría en Epidemiología en la Universidad Nacional de Costa Rica.

Esto significó un costo para el Ministerio de Salud de alrededor de ¢170.635.920 (un promedio de ¢3.047.070 por persona).

Actualmente, la institución ni siquiera tiene un registro de notas de los funcionarios becados, por lo que no se tiene conocimiento sobre quiénes de ellos cumplieron con concluir los estudios. El Ministerio de Salud recibe el 20% de todos los fondos recaudados por la Ley 9028, como entre rector del control del Tabaco.

La nueva conformación de la Comisión a partir del 01 de mayo, recibirá a comparecer a:

  • Señor Daniel Salas, Ministro de Salud Pública
  • Señora Sandra Delgado, Directora de Vigilancia de Salud
  • Señor Javier Abarca, Director Administrativo
  • Señora Miriam Valerio, Directora de Desarrollo Humano
  • Señora Bernardita Irola Bonilla, Auditora Interna, Dirección General de Auditoría Interna

Destino de los fondos públicos

La entrega de estas becas fue asumida por la misma Dirección de Vigilancia de la Salud a  pesar de que el Reglamento del Ministerio de Salud establece que es potestad de la Comisión de Becas otorgar este beneficio a los funcionarios según orden de solicitud.

Esto no se dio así: quienes recibieron las primeras becas para cursar la maestría, fueron seleccionados por un común acuerdo entre la Comisión y los directores regionales del Ministerio de Salud.

En la primera convocatoria para cursar esta maestría, no se hizo un perfil de los candidatos, por lo que algunos ni siquiera ejercían funciones en la Dirección de Vigilancia de la Salud, requisito indispensable para optar por el beneficio.

 Además, señala el informe que “No existe una relación directa con el programa de control de tabaco, ya que un funcionario anteriormente realizaba funciones de regulación, actualmente se encarga de lo relacionado a accidentes de trabajo, tránsito, intoxicaciones agudas con plaguicidas, y el apoyo al programa de vectores en lo relacionado a salud ocupacional, y de los otros dos realizan funciones como coordinadora de vigilancia de la salud en nivel regional y asesora del despacho de la viceministra”.